Sucesos.- La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), respalda la solicitud planteada por Venezuela para que República Dominicana entregue vía extradición a Jean Carlos Díaz Polanco (41) alias Jean Carlitos o La Usurpadora.
Díaz Polanco presenta dos solicitudes de extradición: la primera es por su presunto involucramiento en el tráfico de 359 kilos de cocaína que transportaron en un avión desde Barquisimeto (Lara) a República Dominicana, donde alias La Usurpadora estaba esperándolo junto a otros sujetos.
La segunda solicitud de extradición es para que termine de cumplir la condena de 24 años, 5 meses, 7 días y 12 horas de prisión que le impusieron en Zulia el 16/4/2002 por Homicidio Calificado, Robo Agravado y Lesiones Personales.
Originalmente, esa condena era de 28 años y 28 días de prisión, según sentencia dictada por el Tribunal 2° de Juicio de Zulia. Pero, la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de Zulia rebajó la condena y la dejó en 24 años que estaba purgando en la ya extinta Cárcel Nacional de Maracaibo, donde se convirtió en uno de los pranes.
En diciembre de 2012, Díaz Polanco recibió un beneficio de Libertad Condicional, el cual aprovechó para huir de Venezuela y radicarse en República Dominicana. Al enterarse de tal situación, el Tribunal 6° de Ejecución de Zulia decidió revocarle tal beneficio y en consecuencia decretó orden de aprehensión, la cual está vigente hasta la fecha y es la que da origen al segundo trámite del proceso de extradición.
Ambas solicitudes de extradición fueron acumuladas en una sola, por decisión de la Sala Penal del TSJ, según sentencia 433 publicada el pasado 25 de julio, con las firmas de los magistrados Carmen Marisela Castro (ponente), Elsa Gómez y Maikel Moreno.
En la sentencia se explican los detalles de la incautación del cargamento de droga en Dominicana el 16/3/ 2016. Esa droga llegó al Aeropuerto Internacional La Romana, ubicado en la referida isla, donde aterrizó el Cessna C404 YV-2708 procedente de Barquisimeto.
Al llegar a Dominicana, la aeronave fue incautada y detenidos los venezolanos Carlos Justiniano (piloto), Jorge L. Manríquez (copiloto), Gregory Frías (pasajero) y Jean Carlos José Díaz (receptor de la droga).
Por ese hecho, fueron detenidos en Venezuela los sargentos Franklin Leonel Pérez Peña, Roberto Antonio Sivira Fernández y Onésimo Mariano Romero Hernández y el civil Eduar José Lucena Rivero.
La sentencia de la Sala Penal igualmente relata las circunstancias en que ocurrieron dos asesinatos cometidos por La Usurpadora, uno de ellos ocurrido el 21 de abril de 2001 en el barrio La Chinita, casa N° 112-85, Maracaibo (Zulia).
Al referido lugar llegó La Usurpadora en compañía de Renzo Junior Urdaneta, Alexis José, Pedro Añez (El Corocoro) y El Pili. Estos sujetos comenzaron a tirotear la vivienda de Pedro Junior Nava Umbría, quien se encontraba sentado en el porche donde fue impactado por los proyectiles.
Y es allí cuando los sujetos se introducen a la vivienda para sustraer bienes. Pero La Usurpadora observa que Pedro Junior intentó levantarse malherido y le asestó un disparo en la cabeza que acabó con su vida.
El otro asesinado por La Usurpadora y su padilla es Engelberth Hilges Licero Castillo, un taxista al que el delincuente le pidió una carrerita. Y cuando ya iban por el sector Cristo de Aranza, en la capital zuliana, lo asesinan con una pistola para robarle 70 mil bolívares.
Los argumentos de la Penal
Los magistrados analizaron las dos solicitudes de extradición tramitadas por el Ministerio Público y constataron que reúnen todos los requisitos establecidos en las leyes venezolanas y la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.
Ese último instrumento obliga a los países firmantes, entre ellos República Dominicana y Venezuela, a luchar contra las organizaciones de delincuencia organizada, prestándose mutua cooperación, apuntan los magistrados, quienes declararon procedente la solicitud de extradición.
La Sala Penal dejó establecido que se compromete a celebrar un juicio contra Díaz Polanco “con las debidas seguridades y garantías constitucionales”.
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