Nacionales.- Venezuela instó respetuosamente al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a condenar el asaltó que cometió el 10 de diciembre el régimen de Estados Unidos, EEUU, contra el buque privado Skipper, que transportaba petróleo venezolano.
La exhortación quedó plasmada en una misiva que fue entregada este martes 16 del mes en curso a la instancia multilateral, en donde además el Gobierno constitucional del jefe de Estado, Nicolás Maduro, denuncia que la tripulación que iba en la embarcación sigue desaparecida.
«Venezuela insta respetuosamente al Consejo de Seguridad a: Condenar públicamente este acto de piratería promovido por un Estado, el uso ilegítimo de la fuerza militar contra un buque privado y el robo de un cargamento producto del comercio internacional lícito», reza la misiva leída por el representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada.
En el texto entregado en nombre del presidente Maduro y del pueblo venezolano, Venezuela plantea cuatro exigencias. Además de la ya mencionada, el Gobierno nacional insta al Consejo de Seguridad de la ONU a «actuar conforme a sus responsabilidades primordiales para preservar la seguridad de la navegación y del comercio internacional, gravemente amenazadas por este precedente».
Como tercer punto, exhorta al Consejo de Seguridad a «impedir que las prácticas equivalentes a la piratería se consoliden como instrumento de coerción económica entre Estados».
Y como cuarto punto; pero no menos importante, pide a la mencionada instancia multilateral que «reafirme por la vía escrita que no ha adoptado ninguna decisión, resolución ni medida que autorice acciones contra Venezuela ni contra la comercialización internacional de su petróleo».
En el texto, Venezuela expresa que: «Continuará ejerciendo su derecho soberano e inalienable a comercializar legítimamente sus recursos y exigir que ninguna operación legal sea objeto de robos, secuestros o actos de piraterías, venga de donde venga».
EEUU debe liberar de manera inmediata a la tripulación
El Gobierno de Venezuela también exigió a la administración de Donald Trump, «la liberación inmediata y sin condiciones de la tripulación secuestrada». Como segundo punto reclamó la «devolución inmediata del petróleo venezolano confiscado ilegalmente en alta mar». Como tercera arista llamó al régimen yanqui, al «cese inmediato de cualquier acción de fuerza o interferencia contra la comercialización legal de petróleo venezolano».
Un grave acto de uso de la fuerza
En la misiva Venezuela denunció formalmente «un grave acto de uso de la fuerza, secuestro y piratería, patrocinado y cometido por los Estados Unidos de Norteamérica el 10 de diciembre de 2025 en aguas internacionales del Caribe, contra un barco privado dedicado al comercio internacional lícito que transportaba petróleo venezolano, cuyos tripulantes fueron secuestrados e incluso, a la fecha de hoy, permanecen desaparecidos».
Denuncia el texto que ese 10 de diciembre, «unidades militares estadounidense abordaron por la fuerza una nave privada en alta mar, sometieron y secuestraron su tripulación y se apropiaron ilegalmente de un cargamento de petróleo venezolano correspondiente a una operación comercial regular, legítima y plenamente ajustada al derecho internacional«.
Remarcó que la acción imperial se trató de «un acto de piratería de Estado, ejecutado mediante el uso de la fuerza militar, que constituye un robo descarado de activos que no pertenecen a los Estados Unidos de América, sino que forman parte del comercio internacional lícito de un Estado miembro de las Naciones Unidas».
Recordó que este proceder de EEUU no es un hecho aislado, sino que la misma se inscribe «en una política sostenida de coerción y agresión contra la República Bolivariana de Venezuela caracterizada por la aplicación prolongada de medidas coercitivas unilaterales, ilegales e ilegítimas, que hoy deriva en una práctica aún más grave: La piratería marítima, ejercida directamente por un Estado como instrumento de confiscación forzosa en alta mar. Dicha práctica, independientemente de quien la ejecute, está expresamente prohibida por el derecho internacional».
Leyes protegen a las naciones de la piratería
Venezuela explicó en la misiva, que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar en su artículo 101 define la piratería como «‘todo acto ilegal de violencia, detención o depredación cometido en altamar contra un buque, su tripulación o sus bienes por un sujeto privado’. En este caso cuando es la fuerza militar de un Estado la que ejecuta los mismos actos catalogados de piratería, el hecho no hace sino agravar la acción hostil y genera una alarma que sacude las bases del sistema multilateral».
«El régimen jurídico de la alta mar protege la libertad de navegación y el comercio internacional lícito, principios que han sido flagrantemente vulnerados en este caso. De igual forma, la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, párrafo 4, prohíbe de manera categórica el uso de la fuerza en las relaciones internacionales», agregó.
Destaca el texto leído por Moncada que corresponde exclusivamente al Consejo de Seguridad conforme a los artículos 39 y 42, «determinar las existencias de amenaza a la paz, y en su caso, autorizar medidas coercitivas. En la situación que denunciamos, no existe ninguna autorización del Consejo de Seguridad que pueda justificar el abordaje violento, el secuestro de la tripulación, ni el robo del cargamento de un buque privado en aguas internacionales».
Resalta que el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha condenado reiteradamente la piratería y el robo armado contra buques «y ha actuado de manera firme frente a estas prácticas cuando han amenazado la seguridad de la navegación y el comercio internacional».
«Esta instancia ha definido claramente que la piratería constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, incluso ha generado una doctrina especial en la materia, mediante la creación de un paraguas legal excepcional, como lo evidencian sus resoluciones», expresó.
De igual forma remarcó que la Organización Marítima Internacional, en el marco de su convenio constitutivo y de las resoluciones de su asamblea, «condena la piratería y el robo armado contra buques y promueve la cooperación internacional para prevenir, reprimir y sancionar estos actos, por constituir una amenaza directa a la seguridad marítima y al comercio internacional».
Aplicar las leyes ante acto de piratería yanqui
En el marco descrito anteriormente, Venezuela, exigió en el texto, que «la coherencia del sistema multilateral exige que los mismos principios y condenas aplicados por este Consejo frente a la piratería en otras regiones del mundo sean aplicados hoy frente a la piratería ejercida por un Estado mediante el uso de su fuerza militar».
Acota el Gobierno nacional que «tolerar o normalizar este tipo de conductas equivaldría a legitimar en la navegación marítima internacional, lo cual es absolutamente incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho del mar y el mandato fundamental de este Consejo».
Nacionales VEA
El Regional del Zulia.
