Especial.- El Consejo Nacional de Universidades (CNU), junto al Ministerio de Educación Universitaria, eliminó recientemente las pruebas internas de admisión en las universidades públicas. A partir de ahora, todo ingreso será gestionado exclusivamente a través del Sistema Nacional de Ingreso (SNI), administrado por la OPSU.
El ministro de Educación Superior, Ricardo Sánchez, justificó la medida, tomada con objetivo de facilitar el ingreso de todos los bachilleres a la educación universitaria pública; como una forma de combatir la venta ilegal de cupos en algunas universidades, y además busca garantizar la equidad y gratuidad en el acceso a la educación superior.
En medio de toda la polémica que se ha desatado tras la medida aprobada, el ministro Ricardo Sánchez, ratificó que desde hace algún tiempo han venido detectando la práctica de venta de cupos en instituciones educativas.
“Este acuerdo establece que las pruebas internas o diagnósticas ya no se aplicarán ni se cobrarán como parte de los procesos de admisión de universidades de gestión pública; garantizando así el derecho a una educación universitaria gratuita y de calidad para todas y todos”, señaló.
En este sentido exhortó a las autoridades universitarias, a la comunidad estudiantil, a los docentes, a hacer un mayor esfuerzo por combatir este tipo de prácticas que en nada representa el espíritu de la universidad venezolana.
Méritos e inclusión
Con el nuevo sistema de admisión, se espera priorizar el mérito académico, pero también considera factores socioeconómicos y territoriales, al tiempo que se dará prioridad a estudiantes indígenas, con discapacidad y a los mejores promedios de cada institución.
Es decir, la medida establece que los bachilleres egresados con 20 puntos puedan ingresar en cualquier carrera y en cualquier universidad escogida en su primera opción.
Por su parte, los alumnos de 19 puntos y los cinco mejores promedios de cada liceo público y los tres mejores promedios de cada colegio privado puedan ingresar en cualquiera de sus tres primeras opciones, considerando capacidades académicas individuales de cada estudiante.
También se aprobaron nuevas carreras universitarias estratégicamente vinculadas a áreas prioritarias como ingeniería, salud y educación especializada, expansión que, según el organismo, busca fortalecer el sistema de educación universitaria y responder a las demandas del Estado y del pueblo venezolano.
El Gobierno espera con esta decisión derrumbar las barreras excluyentes que limitan el acceso a los centros de estudios superiores a los jóvenes bachilleres, para que inicien sus estudios universitarios sin filtros sesgados o discrecionales que puedan generar nuevas desigualdades.
Destacaron en la propuesta que el Sistema Nacional de Ingreso garantizará el acceso a la universidad de 350.000 bachilleres este año, asegurando que el 100% de los cupos estén disponibles para los jóvenes que culminan sus estudios de bachillerato.
Otras formas de ingreso
Además del Sistema Nacional de Ingreso (SNI), se respetarán, según la resolución aprobada, otras vías para el ingreso a las universidades públicas, como por ejemplo las actas convenios.
“Existe el mecanismo del convenio por contratación colectiva, que incluye a los profesores, trabajadores y obreros, que hayan cumplido una serie de años de servicio en la universidad. Se les da prioridad en el acceso a la educación. En un porcentaje específico y todos tienen que pasar primero por el Sistema Nacional de Ingreso, porque ese es el ente rector”, explicó el ministro.
“Las universidades también tienen convenios deportivos, culturales y diplomáticos, ¿eso qué significa? que los atletas de alto rendimiento, los artistas destacados y las delegaciones diplomáticas acreditadas en el país, tienen un porcentaje de asignación de cupos”, expreso el ministro Sánchez en una entrevista ofrecida a La Iguana TV.
Adicionalmente, indicó que se aprobó la creación de un equipo de multimodalidad, que tendrá la tarea de evaluar la oferta académica de las universidades en diversas modalidades, incluyendo la presencialidad y la semi-presencialidad. Esto permitirá una mayor adaptación a las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.
Críticas y preocupaciones
Casas de estudios superiores como la Universidad Central de Venezuela (UCV) han denunciado que esta medida viola su autonomía y desconoce sus propios mecanismos de admisión, diseñados para garantizar calidad y equidad en la entrega de cupos en sus casas de estudios.
La autonomía universitaria, consagrada en la Constitución venezolana, no solo implica libertad académica, sino también la capacidad de autogobierno administrativo y la potestad para diseñar sus propios métodos de ingreso.
Al suprimir las evaluaciones internas, muchas universidades argumentan, como en este caso la UCV, que se les arrebata una herramienta clave para asegurar la calidad y pertinencia de los nuevos ingresos.
Según rectores y académicos, estas pruebas permiten identificar a los aspirantes con mayores competencias para afrontar carreras exigentes, adaptadas al perfil académico que cada institución prioriza. Al imponer un sistema único de ingreso, se estaría estandarizando la admisión sin considerar las particularidades regionales, pedagógicas ni logísticas de cada centro universitario.
Académicos y estudiantes temen que la centralización reduzca la transparencia y politice el acceso a la educación superior. También se cuestiona si el SNI puede manejar de forma justa y eficiente la asignación de esos más de 350.000 cupos disponibles.
La discusión de fondo no es solo técnica, sino profundamente política y educativa. ¿Debe el Estado intervenir en los mecanismos de selección universitaria? ¿O debe preservar la pluralidad y autonomía como valores esenciales del sistema universitario venezolano?
Como en todo debate de gran calado, las voces estudiantiles, académicas y sociales seguirán siendo clave para definir el rumbo de una política que, aunque quizás motivada por la inclusión, podría terminar erosionando los pilares de la excelencia universitaria, si las universidades pierden control sobre sus procesos de selección.
Implicaciones más amplias
La medida marca un cambio estructural en el sistema universitario venezolano y abre también un debate sobre el equilibrio entre inclusión social y autonomía universitaria.
Se corre el riesgo de que el proceso de admisión al no evaluar las capacidades específicas, pueda traducirse en mayores tasas de deserción o bajo rendimiento desencadenando una evidente pérdida de calidad académica.
Las universidades tendrían que reestructurar también sus sistemas internos de planificación académica, afectando desde la inscripción hasta la asignación de cupos.
Como consecuencias para los estudiantes conllevaría a una desigualdad de condiciones debido a que la eliminación de las pruebas podría beneficiar a estudiantes con mayor acceso a recursos de preparación general, dejando atrás a quienes habían enfocado su preparación en pruebas específicas.
Además, la ausencia de filtros adicionales podría generar incertidumbre entre los aspirantes sobre cómo se asignan los cupos y qué criterios pesan realmente.
El Estado busca garantizar acceso universal y gratuito, pero enfrenta críticas por lo que muchos consideran una intromisión en la autonomía universitaria, frente a esa preocupación se destaca el firme compromiso del Consejo Nacional de Universidades, según su vocero principal en el sector, el ministro Ricardo Sánchez, con el futuro de la juventud venezolana, reafirmando que la educación es una prioridad fundamental para construir una Venezuela con mayor igualdad y esperanza, donde nadie se quede sin estudiar por falta de oportunidades.
