Sucesos.- La violencia de género en España continúa siendo una grave preocupación social, y los últimos datos divulgados por el Ministerio del Interior este pasado sábado 11 de octubre revelan una realidad especialmente alarmante: las mujeres latinoamericanas, y en particular las venezolanas, figuran entre las más afectadas por este flagelo.
El informe del Ministerio del Interior, correspondiente al Anuario Estadístico de 2024, el 19,17% de las víctimas en los casos activos del sistema VioGén habían nacido en países latinoamericanos. Entre ellas, las mujeres colombianas encabezan la lista con un 26,79% de los casos, seguidas por ecuatorianas (10,82%), peruanas (9,94%), venezolanas (8,95%), paraguayas (6,55%), brasileñas (5,96%), bolivianas (5,75%) y hondureñas (5,10%).

Un rostro migrante para una violencia persistente
El sistema VioGén, reporta que una de cada tres víctimas es extranjera. Esta estadística pone en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, muchas de las cuales se encuentran en situación administrativa irregular, lo que limita su acceso a recursos de protección y justicia.
La situación de las venezolanas es particularmente delicada. Muchas han llegado a España huyendo de la crisis humanitaria en su país, y se enfrentan a barreras culturales, económicas y legales que las hacen más propensas a quedar atrapadas en relaciones abusivas sin poder denunciar o buscar ayuda
En total, más de un tercio de los casos de violencia de género en España involucran a víctimas extranjeras, un porcentaje que coincide con la cifra de feminicidios: el 31,6 % de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 no eran españolas.

Llamado a políticas inclusivas y protección efectiva
El llamado es urgente a visibilizar y atender la violencia de género con un enfoque interseccional que reconozca las múltiples capas de discriminación que enfrentan las mujeres migrantes en España.
Organismos feministas internacionales y nacionales, y de derechos humanos han advertido reiteradamente sobre la necesidad de proteger mejor a las mujeres migrantes, quienes enfrentan barreras lingüísticas, económicas y administrativas que dificultan denunciar o acceder a mecanismos de protección, incluyendo el acceso a refugios, asesoría legal y regularización migratoria como medida de prevención. También exigen campañas de sensibilización culturalmente adaptadas y una mayor presencia de intérpretes y mediadores interculturales en los servicios públicos.