POR: ALFREDO GONZÁLEZ
Trabajador Petrolero
El ex-candidato presidencial y abanderado de la “coalición opositora”, Edmundo González, fue citado tres veces por el Ministerio Público (MP) en el marco de una investigación por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. Tras haberse rehusado a comparecer ante el MP, y luego de librada una orden de aprehensión, Edmundo González solicitó asilo político al Reino de España, y finalmente huyo del país.
La solicitud personal y voluntaria de asilo político de Edmundo González, dizque presidente electo en las elecciones del 28 de julio; tomo a todos por sorpresa, y ha generado un impactante golpe anímico y moral para la oposición que lidera María Corina Machado (MCM), quien ha mantenido su eslogan: “la lucha es hasta el final”. Se pretendió exteriorizar que la huida de Edmundo González, es una señal de debilidad del gobierno del Presidente Nicolás Maduro, que tuvo que negociar con el gobierno de España el “destierro” del ex-candidato opositor; cuando la realidad es que Edmundo González tomó su decisión en secreto, poniendo su interés personal y familiar en primer lugar, sin dar explicaciones ni a MCM ni a sus electores. Lo que sí es innegable es la crisis y fragmentación partidista que vive la oposición retrograda, que ha generado un sentimiento de inmovilidad, desaliento y desengaño en sus adeptos.
El declive del sistema político de los partidos que hoy adversan a la Revolución Bolivariana no es nuevo. El conflicto político puede rastrearse desde finales de la década de los 80, donde las malas políticas públicas, el alejamiento de los partidos políticos y la falta de conexión entre el pueblo y el gobierno; hizo sucumbir el sistema de los partidos políticos. Estos vínculos se deterioraron, empezando paulatinamente en los años 80 y acelerándose en los años 90, produciendo una crisis de la representación de los partidos y finalmente el colapso completo del sistema en 1998 con la llegada a la presidencia del Comandante Supremo Hugo Chávez.
Lo insólito de los comicios presidenciales de 1998, fue el hecho que por primera vez los principales candidatos de la oposición (Salas Römer e Irene Sáez), representantes del sistema político de los partidos que hoy adversan a la Revolución Bolivariana; eran abanderados fuera de las filas de los partidos tradicionales que habían dominado la vida política venezolana desde el pacto de punto fijo, Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), los cuales terminaron aleándose con el «Polo Democrático” para contrarrestar la campaña que encabezaba el Comandante Supremo Hugo Chávez, candidato del partido Movimiento V República (MVR) y apoyado por una alianza conocida como el «Polo Patriótico».
Tras haber ganado las elecciones presidenciales de 1998, el Comandante Supremo Hugo Chávez declaró en su asunción presidencial: “Juro delante de Dios, de la Patria y de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir e impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos”. Eso fue la génesis de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo preámbulo plantea: “…refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica…”. Ello no solo marcó el colapso del sistema de partidos predominantes, AD y COPEI, que mantenían la exclusión de la gran mayoría de los venezolanos; sino que también significó una nueva forma de hacer política que radicara el poder directamente en las bases del partido y las masas.
El deterioro de una oposición desdibujada de la realidad política quedo evidenciado durante los sucesos de golpe de Estado de abril de 2002, cuando los poderes fácticos (FEDECÁMARAS, la Confederación de Trabajadores de Venezuela – CTV, la Iglesia, y los medios de comunicación), quienes habían asumido el poder político perdido de los partidos tradicionales; tomaron el liderazgo de la oposición haciendo un llamado a paro nacional y a la desobediencia civil en evidente boicot político que se materializo en un golpe de Estado para retomar el poder de manera de facto. Pedro Carmona, presidente de la patronal FEDECAMARAS de ese entonces, se autoproclamo presidente interino, en flagrante violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Carmona, “embriagado de poder” y acompañado de la CTV y jerarcas de la Iglesia; en su primer acto oficial decreta, con un “plumazo”; la disolución de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, de todos los gobernadores, alcaldes y concejales, la remoción del Fiscal General, del Contralor, del Defensor del Pueblo, de todos los embajadores, cónsules y vicecónsules como también de las Misiones Permanentes Diplomáticas, así como el cambio de la Constitución, y reponer el nombre de República de Venezuela, quitándole la condición de Bolivariana. A menos de dos días del nefasto “decreto Carmona”, la gallardía del pueblo venezolano, en defensa de su Revolución Bolivariana; hizo deponer el gobierno de facto y trajo de vuelta al presidente constitucional Comandante Supremo Hugo Chávez.
En diciembre de 2002, la oposición, con los partidos tradicionales junto a los nuevos partidos emergentes; se agrupo en la Coordinadora Democrática para aventurarse con el Paro Petrolero, como una nueva ofensiva para desestabilizar y derrocar el gobierno constitucional del Comandante Supremo Hugo Chávez, dejando cuantiosas pérdidas económicas para el país. Luego del triunfo ante el sabotaje petrolero, se logro la recuperación de PDVSA y ponerla al servicio del pueblo venezolano, con lo cual se fortalecen los principios programáticos de la Revolución Bolivariana como un modelo inédito de inclusión social, garantizando los derechos fundamentales a la salud, alimentación, educación, vivienda, y muchos otros más.
Entre 2006 y 2015, fue el periodo donde la oposición partidista logro recuperar espacios en el sistema político (Alcaldías, Gobernaciones y la Asamblea Nacional (AN)), a través de la articulación interna en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), siendo afamado Henry Ramos Allup, diputado a la AN por AD; cuando en su discurso en la instalación de la AN, petulantemente expuso: “Vamos a sacar a este gobierno en un lapso de seis meses”. Sin embargo, no supieron que hacer con el poder y las ambiciones desmesuradas de hacer política para cubrir sus propios intereses, los hizo nuevamente sucumbir y perder esos espacios. La victoria de la oposición en 2015 lo que genero fue que cada partido pretendiera posicionarse como el más radical, como aquel que iba a desplazar al gobierno bolivariano por cualquier medio posible, buscando imponer cada uno su estrategia; dejando en evidencia que no tienen una agenda de país más allá que las intenciones de hacerse del poder para retomar los privilegios perdidos desde 1998.
María Corina Machado surge en el plano político cuando junto a Leopoldo López y Antonio Ledezma emprendieron la campaña política opositora denominada “la salida”, desde donde promovieron acciones violentas y desestabilizadoras, que dejo más de 40 muertos, 800 heridos y miles de perdidas en daños materiales a instituciones y dependencias del estado venezolano; cuyo objetivo era sacar del gobierno al presidente constitucional Nicolás Maduro y con ello poner fin a la Revolución Bolivariana.
La oposición agrupada en la MUD, hizo llamados de no participar en las elecciones presidenciales del 2018, ni reconoció los resultados donde fue electo el presidente Nicolás Maduro. En enero del 2019 se aventuraron con otra descabellada idea de derrocar al gobierno constitucional del Presidente Nicolás Maduro, en lo que denominaron: “La fase final”. Este entramado tenía como “caballo de Troya” a Juan Guaido, quien en una plaza pública se auto juramento como presidente encargado, y con esa inadmisible envestidura y el apoyo de actores internacionales que adversan la Revolución Bolivariana, en especial de Donald Trump, presidente estadounidense de esa época; se adueño de empresas y bienes de nuestro país en el exterior. Allí inicio la trama de corrupción más impúdica y obscena que haya podido consumir la oposición, auspiciando y participando del secuestro y robo de los activos, recursos financieros y el oro de nuestro país en el exterior, sin importar el detrimento de la calidad de vida del pueblo venezolano.
Juan Guaidó esgrimió la consigna: “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Pedía a la comunidad internacional presionar la salida del presidente Nicolás Maduro y “restaurar” la democracia; y clamaba por el incremento de las sanciones internacionales para nuestro país en menoscabo de la calidad de vida del pueblo venezolano. El gobierno de Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos (EE. UU.); amenazó al gobierno del presidente Nicolás Maduro si se atrevía a “tocar” a Juan Guaidó, insinuando la posibilidad de una invasión militar al estilo del Día D en la segunda guerra mundial, o, como operación quirúrgica similar a la invasión a Panamá en 1989. La posibilidad de una invasión a nuestro país por parte de los “marines” estadounidenses, que nunca será incruenta ni apacible; se hizo cada vez más popular entre muchos opositores sin una reflexión sobre las consecuencias de una potencial acción bélica contra el pueblo venezolano. Juan Guaidó, en una actitud arrastrada y apátrida; insistía en que nadie le tema a una guerra civil y en que la opción de la intervención internacional no estaba descartada.
La oposición vio en la figura de Juan Guaido, quien se autoproclamo “jefe de Estado interino”; una esperanza para derrocar al gobierno constitucional del presidente constitucional Nicolás Maduro. Atrajo un frenético apoyo de sus seguidores y partidarios, y de la coalición opositora, así como el reconocimiento diplomático de los gobiernos de EE.UU., Colombia y España, y de la Unión Europea. El ominoso desempeño del “gobierno interino”, causo malestar en las filas opositoras, lo que produjo la caída del ascenso meteórico de Guaido, quien a pesar de haber contado con un comprometido apoyo estadounidense; perdió el respaldo internacional y de la propia Unión Europea, dejando a la coalición opositora languidecida y sin rumbo.
La oposición participo en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de Julio, con notables divisiones y fraccionamientos en su interior. Presentaron a Edmundo González, candidato de la “plataforma unitaria”, pero partidos tradicionales como Voluntad Popular, AD, COPEI, y Primero Justicia inscribieron a otros candidatos en el tarjetón electoral. Nuevamente desconocieron los resultados electorales, y de manera irresponsable pretendieron incendiar el país, desconocer los poderes públicos y acometer actividades desestabilizadoras para dar un golpe de estado al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
Recientemente se conoció la noticia que Henrique Capriles Radonski, fundador del partido Primero Justicia, presento la renuncia a la directiva de esa tolda aurinegra. Se pretendió asociar esa renuncia al caso de la huida de Edmundo González hacia España, cuando lo cierto es que se debió a viejas divergencias existentes con el sector de Julio Borges dentro de ese partido. Indicó que su renuncia se fundamento en la “pérdida de visión” de la junta directiva, la falta de unidad interna y conducción colegiada y en la “existencia de diferencias irreconciliables” entre gran parte de ellos con un grupo interno de esta propia Junta, y bajo el argumento de que en los actuales momentos la tolda aurinegra es una organización “sin propósito ni dirigencia clara”. Criticó la “falta de transparencia” y rendición de cuentas de los administradores; que, según dijo, “lo único que hacen es debilitar al partido, hacerle sentir a la militancia el extravío del mismo y, por tanto, cada día aumentar la desconexión con el sentimiento y los anhelos de cambio de los venezolanos”.
Los actores que han conformado la oposición desde 1999 han variado, sin embargo es evidente y notorio que el interés ha sido el mismo: tratar de retomar el poder político estimulando la desobediencia civil con conducta antidemocrática y violenta. La pregunta de fondo es: ¿Cuál es el proyecto alternativo que ofrece la oposición a los venezolanos?. Llegar a una repuesta acertada no será posible por la diversidad de esa oposición. Podemos concluir que la oposición venezolana ha debilitado su capacidad de cambio, por su propia incoherencia estratégica, sectarismo interno y ambiciones desmedidas de cubrir sus propios intereses en detrimento del beneficio del pueblo. Ha mantenido una actitud retrograda frente al gobierno bolivariano, solo vale saber la respuesta a esta pregunta: ¿De qué manera la oposición venezolana ha canalizado su insatisfacción con el gobierno bolivariano?. La respuesta a esta pregunta se evidencia en los llamados a “guarimbas” con saldo lamentable de muertos y heridos, ataques a instituciones del Estados con grandes pérdidas materiales, y pedir el acrecentamiento de las sanciones internacionales para nuestro país; que han sido una constante en el accionar de la oposición. Esto demuestra que la oposición venezolana, que se ha caracterizado en promover acciones desestabilizadora, anticonstitucional y antidemocrática como formas para tratar de acceder al poder político; no tiene ningún interés en participar del juego político en quebranto de una verdadera democracia participativa y protagónica.
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