Economía.- La producción de hortalizas en el municipio Miranda del estado Mérida atraviesa una situación crítica. Según informó Andrés Ramírez, presidente de la Asociación de Productores de Timotes, los elevados precios de agroquímicos —fungicidas, insecticidas, fertilizantes y herbicidas— están golpeando la economía agrícola de la región andina.
El origen del problema: los insumos son importados y se comercializan a una tasa más elevada que el dólar oficial. “Casas comerciales en Mérida están vendiendo insumos agrícolas muy caros; fijan el valor de acuerdo con la tasa de una criptomoneda (stablecoin) como el USDT. Eso está perjudicando nuestra producción”, denunció Ramírez.
Deudas y descapitalización
A la presión de los costos se suma otro obstáculo: las cadenas de supermercados adeudan pagos por cosechas desde septiembre. Ramírez explicó que los supermercados cancelan al sector primario a tasa oficial, lo que en un contexto inflacionario significa una descapitalización. “Son los agricultores los que están financiando a estas empresas”, reclamó.
Caída de la demanda en diciembre
El panorama se agravó en la temporada decembrina. En comparación con 2024, la demanda de rubros agrícolas para la preparación de las hallacas cayó alrededor de 60%.
Los precios en los mercados reflejan esa baja:
Una cesta de lechuga de 12 kilos se vende en 1,5 dólares.
Un saco de repollo de 45 kilos apenas alcanza los 4 dólares.
El saco de zanahorias se comercializa en 15 dólares.
“Si comparamos estos montos con el costo de agroquímicos que estamos pagando, a un pequeño productor no le resulta rentable”, subrayó Ramírez.
Transporte sin interrupciones
En cuanto a la distribución de alimentos hacia el interior del país, el dirigente gremial aclaró que los traslados se realizan con normalidad. Los hechos registrados el 3 de enero no afectaron la salida de productos agrícolas desde Mérida.
La combinación de insumos dolarizados a tasas paralelas, deudas de supermercados y caída de la demanda coloca a los productores de Timotes en una situación de vulnerabilidad. El riesgo es claro: la sostenibilidad de la producción agrícola en la región andina está comprometida, y con ella la seguridad alimentaria de miles de familias venezolanas.
