Política.- La activista Andreina Baduel, directora de la organización Clippve, denunció el jueves 18 de septiembre que fue perseguida por un hombre en moto al salir de un evento en la Embajada de Alemania en Caracas.
La actividad formaba parte de la gira «Ruta global por la justicia», organizada por familiares de presos políticos dentro y fuera del país. En su cuenta de X (antes Twitter), dijo, «Al retirarme del lugar, un sujeto en motocicleta siguió deliberadamente la unidad en la que me trasladaba, intentando extender la persecución más allá de la actividad. No es la primera vez: desde hace meses vivo bajo un cerco policial frente a mi casa, donde activan sirenas y luces como mecanismo de hostigamiento».
Para la activista, «esto no es casualidad». Aseguró que se trata de «un patrón de amedrentamiento» contra quienes exigen la liberación de los presos políticos. «Le temen a la verdad, por eso arremeten contra quienes la decimos. Pretenden silenciarnos, pero que quede claro: no lo van a lograr».
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, y Rafael Uzcátegui, director de la organización Laboratorio de Paz, se solidarizaron con la activista Andreina Baduel. Murillo en su cuenta de la red social X (antes Twitter), recordó la importancia de que se garantice un entorno seguro para que los familiares de presos políticos puedan exigir sus derechos sin temor a represalias. «Seguimos del lado de todas las familias de las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela», continuó.
La CIDH otorgó el 18 de junio medidas cautelares a la activista Andreina Baduel debido a la «situación de gravedad y urgencia» en la que se encuentra debido a la defensa de los derechos fundamentales de su hermano Josnars Adolfo Baduel y de los presos políticos del país.
El comunicado dice, «Como consecuencia de sus labores de denuncia pública y búsqueda de justicia para su familia y demás personas que se consideran presas políticas, estaría siendo objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones y vigilancia por parte de agentes estatales. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH».
Redacción El Pitazo.
