Internacionales.- Este jueves 2 de enero, el gobierno de Argentina denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) al fiscal venezolano, Tarek William Saab, por la «detención arbitraria y desaparición forzada» del gendarme argentino Nahuel Gallo.
A través de un comunicado, la Cancillería argentina detalló que esto «constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI».
En el texto destaca que el Gobierno argentino continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos del ciudadano Nahuel Gallo, proteger los derechos humanos y exigir justicia internacional.
Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre, cuando cruzaba el Puente Internacional «Francisco de Paula Santander», para dirigirse a Táchira, con el propósito de visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común. Cinco días más tarde, la Cancillería Argentina y el Ministerio de Seguridad de Argentina rechazaron en un comunicado la detención «arbitraria e injustificada» del suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina.
El pasado 16 de diciembre, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en la rueda de prensa semanal del PSUV, confirmó la detención de Gallo -tras ocho días de reportarse su desaparición forzosa-, y aseguró que vino al país a una misión «a llevar a cabo una operación» para sacar a los seis opositores en la Embajada de Argentina en Caracas.
El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país. Internacionales.
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