Nacional.- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) sancionó este jueves por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca liberar a personas procesadas o encarceladas por delitos políticos desde 1999, con excepción de crímenes graves como homicidio o narcotráfico.
Durante la sesión ordinaria en la que culminó la segunda discusión de este proyecto de Ley, el presidente del cuerpo legislativo, Jorge Rodríguez, felicitó la disposición de los diputados para fomentar la convivencia política y destacó que este proceso es fundamental para transitar hacia un nuevo tiempo de paz y unión en la República.
«Ojalá esa actitud y esa disposición que hemos demostrado en el lugar de sesiones de la Asamblea Nacional sea auspiciosa acerca del nuevo tiempo político que debe transitar el país», expresó el jefe parlamentario antes de proceder a solicitar la votación del proyecto de Ley que resultó sancionado por todos los presentes en la plenaria.
Asimismo, lamentó que «hayan tenido que ocurrir hechos lamentables y catastróficos para que todos buscáramos promover la hermandad, la unión y la paz de la República. Sin embargo, también se aprende de los dolores, y de estas dificultades estamos iniciando un proceso necesario», destacó.
Entre las disposiciones, la normativa establece que quienes soliciten amnistía deberán presentarse ante tribunales para evaluar su elegibilidad, medida que generó debates entre la oposición y el oficialismo.
Excluye participación en acciones armadas
La nueva Ley excluye a quienes hayan “instigado, favorecido o participado en acciones armadas contra la soberanía e integridad territorial de Venezuela”, incluyendo intervenciones de Estados, empresas o personas extranjeras.
La ley también especifica los hechos objeto de amnistía desde abril de 2002 hasta los procesos electorales de 2025, incluyendo el golpe de Estado de abril de 2002, el paro y sabotaje empresarial y petrolero de 2002-2003, las manifestaciones durante el referendo revocatorio de 2004, los eventos de mayo de 2007, protestas posteriores a elecciones y procesos electorales de 2013, 2014, 2016-2020, así como los comicios internos de 2023, las elecciones presidenciales de 2024 y las regionales y parlamentarias de 2025.
Quedan excluidos de la amnistía los delitos graves, como violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra, homicidios intencionales, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y delitos de corrupción. También se excluye a quienes promuevan, faciliten o financien acciones armadas contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de Venezuela por parte de estados, corporaciones o personas extranjeras.
En cuanto a los efectos legales, la norma establece que la amnistía extingue todas las acciones penales, disciplinarias o civiles vinculadas a los hechos contemplados, incluyendo solicitudes de extradición, y cesa cualquier medida de coerción o privación de libertad para los beneficiarios. La ley también prevé que quienes reincidan después de su entrada en vigor serán procesados conforme a la legislación ordinaria.
La diputada opositora Nora Bracho reconoció que la ley “no es perfecta”, pero la calificó como “un gran avance” para mitigar el sufrimiento de los venezolanos afectados por la persecución política. Por su parte, el chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión, destacó que los artículos fueron discutidos ampliamente y se lograron consensos significativos.
La Ley será enviada a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a los fines de su promulgación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 213 de la Constitución.
Rodríguez solicita “máxima celeridad” para aplicar la Ley
Horas más tarde, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió al Parlamento, al programa que promueve el diálogo político y a la comisión que busca reformar el sistema de justicia, que den “máxima celeridad” a la aplicación de la histórica ley de amnistía aprobada para presos políticos en el país suramericano.
Esta propuesta de amnistía se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE UU el pasado 3 de enero.
Además, se designó una comisión especial que desarrollará e implementará “mecanismos” para asegurar el cumplimiento de la ley, que ya firmó la presidenta encargada de Venezuela, para posterior publicación en la Gaceta Oficial.
