Nacional.- Aunque el Gobierno venezolano insiste en que el Sistema Nacional de Ingreso (SNI) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) garantiza el acceso a la educación superior, la realidad en las universidades autónomas del país revela una brecha crítica entre la asignación de cupos y la capacidad real de las instituciones.
Según reportes del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), las universidades públicas han recibido asignaciones de estudiantes que superan su capacidad operativa, tanto en infraestructura como en personal docente y presupuesto. Esta situación ha generado saturación en aulas, laboratorios y servicios básicos, afectando la calidad educativa y la permanencia estudiantil.
Opacidad en el proceso del SNI
El proceso de asignación a través del SNI mantiene un 50% de opacidad, según denuncias de organizaciones como Aula Abierta y la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU). Los aspirantes no pueden verificar los criterios ni los datos utilizados para su asignación, lo que ha generado desconfianza y frustración entre estudiantes y autoridades universitarias.
Uno de los efectos más visibles de este sistema es el abandono temprano de estudios. Muchos jóvenes son asignados a Programas Nacionales de Formación (PNF) o carreras que no seleccionaron como primera opción, lo que los lleva a desertar en los primeros semestres. Esta tendencia ha contribuido a una tasa de deserción universitaria que supera el 50% en algunas instituciones, según datos recogidos por medios como La Prensa de Lara.
Asimismo estudiantes consultados por organizaciones académicas han denunciado que fueron asignados a universidades lejanas a su lugar de residencia o a programas sin relación con sus intereses vocacionales. “Me asignaron a un PNF en Agroalimentación cuando mi primera opción era Medicina. No tenía cómo mudarme ni motivación para continuar”, relató una joven del estado Portuguesa en un informe de Aula Abierta.
Autonomía universitaria en riesgo
Además del colapso operativo, las universidades autónomas han denunciado que el sistema de asignación impuesto por el Ejecutivo viola el principio de autonomía consagrado en el artículo 109 de la Constitución, al eliminar los mecanismos propios de admisión y selección estudiantil.
El discurso oficial sobre cupos “garantizados” contrasta con una realidad universitaria marcada por asignaciones desproporcionadas, falta de transparencia y deserción estudiantil creciente. Mientras el sistema de ingreso no se ajuste a las capacidades reales de las universidades y respete la autonomía institucional, la calidad y sostenibilidad de la educación superior en Venezuela seguirán en riesgo.
