Hoy cuando se celebra el Día Nacional del Periodista venezolano, es bueno recordar el significado real y profundo de la libertad de expresión e información, derecho que buscan cercenar a raíz por el accionar de un régimen que ha hecho todo lo que está a su alcance para silenciar las voces de quienes lo adversan y de quienes tienen inherente en su profesión la noble tarea de defender y vigilar el derecho de informar y de estar informado.
La libertad de expresión, según los estándares globales, es un derecho fundamental, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oral, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.
Partiendo de este concepto que se encuentra en los documentos de navegación digital consultados para cualquier investigación sobre el tema, nos encontramos que este derecho se encuentra protegido en numerosos instrumentos internacionales, los cuales establecen principios para su respeto y promoción.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son algunos de los instrumentos claves para que los ciudadanos cuenten con los principios y límites para gozar su derecho a una Libertad de Expresión e Información justa y equilibrada, y que solo es garantizada en los sistemas de gobierno democráticos.
Con el objetivo de analizar cómo la acción estadal antidemocrática, en mayor cuantía en América Latina, ha deteriorado los avances establecidos en estos instrumentos internacionales, garantes de la Libertad de Expresión e Información; se plantea un debate sobre si la censura previa por mano editorial le está abriendo camino a las violaciones sistemática de estos derechos y cómo ha afectado a los periodistas, que en muchos casos están siendo asesinados o agredidos por estas razones.
Una cosa es lo que esos instrumentos ordenen al Poder Estadal garantizar la Libertad de Expresión e Información del individuo y en medios de comunicación masivos, y otra muy diferente lo que un Estado esté dispuesto a cumplirlo. Luego de exhaustivos análisis se concluye que se está dejando de lado un grave problema que debe ser atacado con nuevos instrumentos legales para su solución: la autocensura de las editoriales realizadas para defender la permanencia de sus medios de comunicación masivos, que al fin y al cabo son empresas mercantiles.
Es evidente y de conocimiento público que una gran cantidad de investigaciones serios contra determinados abusos de poder, violaciones y actos de corrupción se encuentran frías dentro de una gaveta en las salas de redacción de muchos periódicos y estaciones de radio y televisión. En este sentido es difícil enfrentar este tipo de censura previa, porque cada vez son menos las editoriales autónomas del poder del Estado, afectando al trabajador al servicio del medio y a las audiencias.
Organismos Internacionales de Derechos Humanos como la CIDH trabajan incansablemente para lograr ponerle punto final a la censura y restricciones a la Libertad de Expresión e Información, pero esa lucha debe ser atacada desde su raíz: el miedo a los cierres de medios, asesinato de periodistas, dirigentes sociales, dueños de medios y encarcelamientos; decisiones o acciones violatorios de todo derecho humano y que es caldo de cultivo para la autocensura.
