Nacional.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que ha solicitado formalmente desde la pasada semana al Estado venezolano una anuencia para realizar una visita al país durante el último trimestre del año.
El objetivo principal de esta misión es constatar de primera mano la situación de los derechos humanos en el territorio nacional, con especial atención a las condiciones de reclusión en uno de los centros penitenciarios más controvertidos del país.
Según el comunicado oficial emitido por la CIDH, la visita se enfocará en el Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I, conocido popularmente como el Sebin del Helicoide. Este recinto ha sido señalado por diversos organismos internacionales como un presunto centro de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La CIDH expresó su preocupación por las denuncias recibidas en los últimos años sobre violaciones sistemáticas a los derechos de las personas privadas de libertad en dicho establecimiento.
Allí están recluidas personas por delitos comunes y presos por razones políticas, sentenció la comisión. Comités de familiares han denunciado que al menos 13 presos políticos detenidos en ese lugar se encuentran en aislamiento prolongado. Hace unas semanas, se informó sobre nuevas limitaciones a la entrega de paquetería (comida, ropa y artículos de aseo e higiene).
“La Comisión considera urgente verificar las condiciones de detención en el Helicoide, así como el respeto a las garantías judiciales y el debido proceso de los internos”, señala el documento.
La solicitud de visita se enmarca en el mandato de la CIDH de promover y proteger los derechos humanos en los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). En años recientes, el acceso de organismos internacionales a Venezuela ha sido limitado, lo que ha dificultado la verificación independiente de las denuncias que circulan en informes y testimonios.
Denuncias recurrentes
Varias ONG han denunciado el traslado arbitrario de presos políticos sin órdenes de un tribunal. Tal es el caso de los hermanos Rolando, Otoniel y Juan Guevara, condenados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson. También los dirigentes de Voluntad Popular Freddy Superlano y Roland Carreño, así como recientemente del activista Jeancarlos Rivas.
«En Venezuela, las instituciones encargadas de promover y proteger la democracia y los derechos humanos carecen de independencia. Operan como instrumentos de represión estatal para asegurar la permanencia de un régimen autoritario», afirmó la Comisión en su comunicado.
La CIDH reafirmó su «indeclinable compromiso» con las víctimas y con el pueblo venezolano en su esfuerzo por recuperar la democracia y el Estado de derecho. Además, ratificó su competencia para monitorear, recibir y tramitar peticiones, además de dictar medidas cautelares respecto a violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido una respuesta oficial sobre si permitirá el ingreso de la delegación. La comunidad internacional observa con atención este nuevo intento de acercamiento, en medio de un contexto marcado por tensiones políticas y cuestionamientos sobre la transparencia institucional.
