viernes, abril 26, 2024
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Condenaron a dos funcionarios del Sebin por la muerte del exconcejal Fernando Albán

El fiscal general de la República, Tarek William Saab.

EL REGIONAL DEL ZULIA

CARACAS.-Dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Venezuela fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por el homicidio del concejal de Caracas Fernando Albán, quien falleció en prisión en 2018 al caer de un décimo piso, informó este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab.

 

Fernando Albán murió el 8 de octubre de 2018 en las instalaciones del Sebin en Caracas, donde permanecía detenido por, presuntamente, estar involucrado en un supuesto atentado con drones, contra el presidente Nicolás Maduro.

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«Quiero destacar el caso del exconcejal Fernando Albán. Falleció el 8 de octubre de 2018. Por este caso fueron condenados este 3 de diciembre dos funcionarios pertenecientes al Sebin», indicó Saab durante un balance del trabajo del Ministerio Público.

 

Detalló que los funcionarios fueron condenados por los delitos de homicidio culposo (negligencia), quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.

 

«Estos funcionarios, es bueno destacarlo, admitieron los hechos y recibieron en tal sentido una pena de 5 años y 10 meses de prisión», dijo.

 

Al momento del fallecimiento, la Fiscalía de Venezuela aseguró que Albán se suicidó lanzándose desde un décimo piso, pero distintos actores políticos y ONG denunciaron que se trató de un asesinato y pidieron que se investigara el caso.

 

En enero de 2019, la exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar la muerte de Albán.

 

Entonces, aseguró que «fue un asesinato» y denunció la existencia de «contradicciones» en los relatos que ofrecieron posteriormente portavoces del Gobierno y varios ministros.

 

El caso del concejal se encuentra detallado en el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU.

MP imputa a 820 funcionarios de seguridad por presuntas vulneraciones a los DD.HH

 

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, en el marco de la Semana de los Derechos Humanos (DD.HH) y tras cumplirse el pasado 10 de diciembre el aniversario número 73 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, informó que “hasta el mes de noviembre de 2021 hemos realizado la imputación de 820 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y 40 particulares indiciados como colaboradores”.

 

En este sentido, explicó que fueron privados de libertad un total de 582 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares, donde se ha logrado una importante cifra de 210 funcionarios policiales y militares condenados.

 

 

El fiscal,  puntualizó que el 4 de octubre de este año fueron condenados dos exfuncionarios de la Policía del estado Táchira a una pena de 27 años y 9 meses y 21 años y 5 meses por homicidio calificado con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración, trato cruel y uso indebido de arma orgánica, tras haber accionado sus armas contra un grupo que protestaba en una vía en julio de 2019 y causaron heridas en el rostro al adolescente Rufo Chacón causándole pérdida de la visión y heridas a otro adolescente.

 

Por tal razón, afirmó que el mundo todavía no conoce condena contra funcionarios chilenos por los perdigonazos contra aproximadamente 500 personas que perdieron la vista durante protesta, en el caso del sistema de justicia venezolano, la lucha contra la impunidad revela que acá se investiga y se hace lo necesario.

 

Por otro parte, recordó que este año se creó la Oficina de Atención a la Víctima en materia de Derechos Humanos, la cual ha atendido desde su inicio a 887 ciudadanos, de los cuales 425 denunciaron presuntas violaciones a los derechos humanos, y 462 recibieron orientaciones jurídicas y remisiones a otros entes

 

“Con esta oficina garantizamos que aquellas personas que necesiten denunciar una presunta violación de sus derechos humanos, reciban una atención multidisciplinaria que incluye recepción y tramitación de la denuncia, apoyo jurídico, atención psicosocial”, resaltó Saab.

 

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