NACIONAL.- El pasado 17 de junio, el sistema interamericano de justicia dio un paso fundamental hacia la determinación de responsabilidades en uno de los episodios más emblemáticos de la represión reciente en Venezuela: la conocida como la “Masacre de El Junquito”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llevó a cabo una audiencia pública para evaluar las denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas el 15 de enero de 2018.
Durante la sesión, transmitida en directo, el Foro Penal y el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center presentaron ante el tribunal argumentos contundentes sobre las graves violaciones a los derechos humanos registradas durante el operativo. El caso se centra en la muerte de siete personas, entre ellas Óscar Pérez, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y figura central de la disidencia política contra la administración de Nicolás Maduro.
Un operativo desproporcionado
La petición presentada ante la Corte destaca el carácter desmedido de la intervención estatal. Según los documentos expuestos, el procedimiento contó con la participación de más de 500 funcionarios de diversos cuerpos de seguridad, quienes cercaron a las víctimas en un sector de El Junquito, Caracas. Los representantes de las organizaciones denunciantes sostienen que la magnitud del despliegue y la forma en que se ejecutó el operativo constituyen una prueba clara del uso desproporcionado de la fuerza y la configuración de ejecuciones sumarias.
Persecución y exilio como respuesta
Además de los hechos ocurridos en 2018, la audiencia abordó el patrón de hostigamiento sistemático que han enfrentado los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. Foro Penal denunció ante los jueces de la Corte que, tras la masacre, los allegados fueron blanco de vigilancia, intimidación y persecución política. Según los registros presentados, esta presión institucional y la falta de garantías de seguridad forzaron a múltiples familiares a abandonar el país en busca de refugio.
Hacia la justicia internacional
Para los defensores de derechos humanos, la realización de esta audiencia pública en San José representa una luz de esperanza para las víctimas que no han hallado justicia dentro de las fronteras venezolanas. La Corte IDH tiene ahora la tarea de evaluar los testimonios y pruebas documentales para emitir una sentencia que establezca la responsabilidad del Estado venezolano por la pérdida de estas vidas.
Este proceso ante la instancia interamericana se perfila como un mecanismo esencial para documentar la verdad, romper el ciclo de impunidad que ha rodeado este caso y sentar un precedente sobre las actuaciones de los organismos de seguridad del Estado frente a la disidencia política.
