NACIONAL.- La situación de los derechos humanos en los centros de detención venezolanos alcanza un nuevo punto crítico. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este sábado 20 de junio sobre el reciente fallecimiento de Fabiana Desirée Páez Fernández, interna del Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques, estado Miranda.
Según detalló la organización, Páez Fernández presentaba un cuadro de insuficiencia respiratoria y otras patologías que no recibieron atención médica integral, derivando en un desenlace fatal. Este hecho es de especial gravedad, al tratarse del primer fallecimiento registrado en dicho recinto desde su inauguración en 2018. El OVP alertó que el centro, que alberga a unas 320 mujeres, padece de severo hacinamiento y carencias críticas en servicios básicos y suministro de agua.
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Una cifra alarmante
Con la muerte de Páez, el balance de fallecimientos bajo custodia del Estado durante el último trimestre (abril-junio 2026) asciende a 26 personas. El Observatorio vincula estos decesos a la ausencia de políticas sanitarias adecuadas y a la negligencia institucional. Entre los casos recientes, se encuentran los de:
Yosvet de Jesús Lozada Rojas (32): Fallecido el 16 de junio en el Rodeo III, quien padecía una desnutrición severa y un grave deterioro cognitivo. A pesar de las solicitudes de medidas humanitarias interpuestas ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo por sus familiares, no se obtuvo respuesta.
Alberto Rafael Solarte Cabrera: Fallecido en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado (estado Zulia).
Denuncia ante la indolencia institucional
Ante esta realidad, el OVP fue enfático al señalar la responsabilidad del Estado: “La pena de muerte no está establecida en nuestra legislación, pero la falta de atención médica oportuna, adecuada y la indolencia institucional siguen produciendo el mismo resultado tras las rejas”. La organización reiteró que el Estado es garante ineludible de la vida, la salud y la integridad de toda la población privada de libertad.
El trasfondo de los presos políticos
La crisis en las condiciones de reclusión ocurre en un contexto de alta tensión social. Recientemente, familiares de presos políticos se trasladaron a la Embajada de Estados Unidos en Caracas para solicitar la intercesión de ese país por la libertad de los detenidos.
De acuerdo con cifras del Foro Penal, más de 400 presos políticos permanecen tras las rejas, incluyendo a 39 personas con doble nacionalidad o extranjeros. Los familiares han denunciado que, a cinco meses del anuncio gubernamental sobre la liberación de un “número importante” de personas, los esfuerzos han sido insuficientes y, en ocasiones, interpretados como estrategias de imagen internacional más que como una voluntad real de justicia.
El Observatorio Venezolano de Prisiones reitera su llamado urgente a las autoridades competentes para que garanticen el derecho constitucional a la salud y cesen las condiciones inhumanas que continúan cobrando vidas en el sistema penitenciario venezolano.
