POR: DIP. OMAR ÁVILA
Varios artículos y noticias sobre el paisaje nocturno del oriente venezolano sobre la quema del gas, van haciendo ruido en los medios y redes de información generando una matriz de opinión sobre la ventaja del “aprovechamiento energético”. Pero la imagen visual del hecho en sí mismo, muestra de forma muy cruda la contradicción económica contemporánea que vive el país, porque lejos de ser un simple desajuste técnico o un pasivo ambiental, visibiliza la profunda ineficiencia institucional y el aislamiento estructural de los mercados globales.
En un país con necesidades materiales agudas y salarios irrisorios, la existencia de antorchas de gas flaring, plantea una urgente discusión que se instale en el terreno de la gobernanza y el diseño de nuevas políticas públicas. En el siglo XXI no necesitamos milagros ideológicos, necesitamos líderes con habilidades para dirigir al Estado trascendiendo la “paradoja de la abundancia» (ingentes recursos y precariedad social). El caso del gas que se destruye en la atmósfera representa además del daño ambiental, razones técnicas o incomprensión de la soberanía y/o el aprovechamiento rentista, una pérdida neta de costo de oportunidad para la nación venezolana.
Ante esta realidad, cualquier debate sobre la incorporación de esquemas de inversión privada, bajo ningún concepto, puede plantearse desde la retórica de la concesión discrecional; sino desde la urgencia de un marco técnico de mitigación y compensación inmediata del entorno biológico y humano a corto plazo.
La viabilidad de atraer el capital que requiere la reingeniería de estos sistemas, choca de frente con la arquitectura institucional vigente, ya que las dinámicas de acumulación, operan bajo la premisa de la predictibilidad jurídica a largo plazo. Los proyectos de infraestructura energética exigen horizontes de estabilidad de dos o tres décadas para amortizar las inversiones fijas. No obstante, las dinámicas legislativas recientes -caracterizadas por una aceleración en la aprobación de normativas de control fiscal punitivo y centralización institucional- evidencian una racionalidad de corto plazo enfocada en la reacción táctica y la captura inmediata de rentas.
Esta brecha entre el plano formal-legal y la realidad material del terreno eleva el riesgo país a niveles disuasorios, porque al priorizar el control político sobre la claridad regulatoria, las instituciones autoinfligen un aislamiento del mercado global, reduciendo la capacidad de agencia del Estado y forzándolo a aceptar, en negociaciones asimétricas, condiciones desfavorables que perpetúan la opacidad.
El nudo gordiano de la “transición” actual radica en redefinir el concepto mismo de soberanía, entendida como algo más que el control territorial pasivo o a la presencia militar en las áreas estratégicas del subsuelo. La tarea pendiente (debido a la magnitud de nuestros recursos), es elegir nuevos liderazgos con habilidad para negociar en condiciones paritarias, que entiendan cómo materializar las transferencias tecnológicas de punta y que garanticen en nuevos pactos el bienestar de su base social. Un diseño institucional que normaliza la quema de nuestra riqueza energética, mientras las estructuras más vulnerables de la sociedad sobrellevan la precariedad, evidencia una profunda impotencia operativa.
Para que los proyectos internacionales de aprovechamiento energético dejen de ser borradores a puerta cerrada y se transformen en realidades útiles, es imperativo condicionar el acceso al recurso mediante políticas públicas transparentes. Los contratos bajo regímenes especiales o zonas de excepción deben transitar del pago de regalías líquidas -fácilmente absorbibles por la opacidad burocrática- hacia fideicomisos de infraestructura de ejecución directa y descentralizada, auditados mediante sistemas abiertos de datos en el terreno.
Desde Unidad Visión Venezuela, comprendemos que la reconfiguración del poder global y los avances tecnológicos propios de la era digital seguirán transformando nuestro entorno; en consecuencia, el desafío científico e institucional del país, es decidir si continuará disipando su futuro en las antorchas del Oriente o si articulará las reglas del juego necesarias para preservar la vida y reconstruir las capacidades de nuestra sociedad.
La viabilidad de revertir esta anomalía, no radica en la expansión del aparato burocrático, sino en una reingeniería del diseño contractual de las concesiones. Una política pública útil para la reconversión energética de Venezuela debe abandonar el modelo tradicional de recaudación de regalías líquidas -altamente vulnerables a la opacidad distributiva- y transitar hacia un esquema de «Obras por Regalía Energética Directa» dentro de las Zonas Económicas Especiales.
En conclusión, las licencias otorgadas a consorcios internacionales para capturar el gas asociado o instalar enclaves tecnológicos (como centros de datos modulares), estarían condicionadas por contrato, a la ejecución inmediata de un plan de mitigación y compensación del entorno biológico y humano a corto plazo, con la construcción y operación directa de mini-redes eléctricas para hospitales locales, plantas potabilizadoras de agua y la reactivación de cadenas de frío para los productores agrícolas de la región.
Dip. Omar Ávila
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