POR: DIP. OMAR ÁVILA
A más de dos semanas de los sismos del 24 de junio, es necesario dejar atrás la lógica de la noticia inmediata y asumir lo ocurrido como una advertencia, ya que la fragilidad con la cual Venezuela enfrenta esta catástrofe no puede pasar inadvertida.
La respuesta institucional existe, pero sigue mostrando límites importantes: las Fuerzas Armadas, Protección Civil, los Bomberos y los entes regionales se hacen presentes, despliegan funcionarios, habilitan refugios y participan en labores de atención. Sin embargo, todavía persiste una distancia preocupante entre la presencia oficial y la capacidad real para rescatar cadáveres, identificarlos, informar, coordinar recursos y responder con rapidez en todos los sectores afectados.
El problema no es afirmar que el Estado está completamente ausente, sino reconocer que su actuación continúa siendo desigual, centralizada, difícil de comprender y aún más difícil de evaluar. Se anuncian operativos y contingentes, pero la ciudadanía no siempre conoce qué organismo dirige cada zona, qué equipos especializados están disponibles, cuáles edificaciones han sido evaluadas, cómo se distribuyen los recursos ni bajo qué criterios se coordina la ayuda internacional.
En una emergencia, la información no es propaganda ni un complemento administrativo, es una herramienta para salvar vidas. Es fundamental entender que la opacidad, los anuncios fragmentados y la ausencia de datos accesibles alimentan rumores, miedo y desconfianza.
Lo ocurrido en Caracas y La Guaira también obliga a mirar más allá de la capital, porque Venezuela sigue siendo un país sísmico: la falla de San Sebastián y la falla de Boconó forman parte de un territorio geológicamente activo, aunque esto no significa que un sismo en una región permite anunciar automáticamente otro en una zona diferente, es importante que la fatal experiencia vivida en Caracas no se repita en otras regiones del país, ante terremotos u otros desastres naturales.
La advertencia verdadera no es predictiva, sino política y social, debido a que ninguna ciudad expuesta puede seguir esperando el próximo evento sin prepararse, y en los Andes, el riesgo es particularmente complejo. Un terremoto no solo amenaza viviendas y edificaciones, puede activar deslizamientos, bloquear carreteras, aislar comunidades y afectar simultáneamente hospitales, acueductos, sistemas eléctricos y comunicaciones, tal como lo hemos experimentado en la capital.
Por eso, Mérida, Táchira, Trujillo y Barinas no pueden depender exclusivamente de una respuesta organizada desde Caracas, debido a que la centralización prolonga los tiempos de reacción y reduce la capacidad de autoridades locales, universidades y comunidades para actuar según las condiciones de su propio territorio.
La alternativa no es sustituir al Estado ni convertir cada comunidad en una estructura aislada, es construir capacidad local para responder durante las primeras horas críticas: cada edificio, urbanización o pueblo debería identificar rutas de evacuación, puntos seguros, personas vulnerables, vecinos con conocimientos médicos o técnicos y recursos disponibles. En las zonas de montaña también deberían existir reservas distribuidas de agua, medicamentos, alimentos, herramientas y equipos de comunicación.
Estas redes no deben funcionar de manera improvisada, ya que necesitan responsables identificados, inventarios públicos, protocolos claros y mecanismos de rendición de cuentas, ya que la organización comunitaria pierde legitimidad cuando reproduce la misma opacidad que critica.
Las universidades y otras instituciones académicas tienen hoy una responsabilidad decisiva, al contribuir de forma masiva con formación ciudadana en materia de riesgo. También, pueden asistir preventivamente en la evaluación de infraestructuras, capacitación de brigadas, sistemas de información y divulgación científica. Su papel no es reemplazar a los organismos oficiales, sino ampliar la capacidad técnica de la sociedad y ofrecer información confiable frente al alarmismo y la propaganda.
Desde Unidad Visión Venezuela, reiteramos la necesidad de evitar dos discursos igualmente engañosos: el primero es el sensacionalismo, que convierte cada réplica en anuncio de una catástrofe inminente. El segundo es el optimismo superficial, que celebra la resiliencia venezolana mientras oculta las condiciones que obligan a las comunidades a resolver por sí mismas lo que debería estar previsto institucionalmente.
La solidaridad es indispensable, pero no debe romantizar, la resiliencia no consiste en acostumbrarse al abandono, consiste en organizarse, reducir vulnerabilidades y exigir que las instituciones funcionen antes, durante y después de una emergencia. En Venezuela, la red vecinal no debe construirse contra el Estado, sino frente a la posibilidad real de que su respuesta vuelva a ser tardía, insuficiente o descoordinada.
De San Sebastián a Boconó, la discusión va más allá de los lamentables sucesos del 24 de junio y de cómo se superarán, también debe considerarse una pregunta urgente: ¿qué políticas debemos reformar para que el próximo terremoto no vuelva a encontrarnos igual?
Dip. Omar Ávila
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