NACIONALES.- La tragedia sísmica que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio no solo dejó una estela de destrucción y duelo en la población civil, con al menos 3.685 fallecidos; también ha dejado al descubierto la vulnerabilidad extrema de quienes permanecen tras las rejas, entre ellos los presos políticos del país.
Mientras el país intenta recuperarse del desastre, el sistema penitenciario venezolano vive una crisis silenciosa, marcada por el abandono estructural, el trauma psicológico y una emergencia sanitaria que continúa cobrando vidas ante la inacción institucional.
El sismo que fracturó aún más las prisiones
Para los familiares de los presos políticos, el terremoto fue el catalizador que visibilizó una desatención que, aseguran, ya era preexistente. Jessica Castro, familiar de Gustavo Hernández —detenido por la denominada “Operación Gedeón”—, declaró a la agencia de noticias EFE, que las autoridades han dejado a los detenidos a su suerte. En la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda, el impacto del sismo dejó paredes colapsadas y una estructura profundamente deteriorada, sin que el Gobierno haya ejecutado acciones para trasladarlos a lugares seguros.
“Los están dejando abandonados”, declaró Castro durante una vigilia realizada en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. La angustia no es solo física; es también emocional. Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca, relató que las visitas recientes al Fuerte Guaicaipuro han sido jornadas de profundo dolor, exacerbadas porque varios detenidos perdieron familiares durante el sismo, lo que ha sumido a la población reclusa en una crisis psicológica severa. Aunque se han otorgado medidas cautelares aisladas —como el caso de un preso que pudo despedir a su esposa fallecida—, los familiares exigen una mediación internacional para lograr la libertad de todos los detenidos.
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La crisis sanitaria: un goteo constante de fallecimientos
Como si el entorno post-desastre no fuera suficiente, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha encendido las alarmas sobre la gestión de la salud en los penales. Según un informe publicado por la organización en sus redes sociales, entre el 15 y el 25 de junio, cinco personas bajo custodia del Estado fallecieron debido a complicaciones médicas prevenibles. La lista de fallecidos, que incluye nombres como Ángel Francisco Urdaneta Molero, de 52 años, recluido en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado Rosales; y Orlando José Villarroel Sánchez, también recluido en el Centro de Formación Fénix Hombre Nuevo El Libertador, es apenas una muestra de una realidad más amplia.
Solo en junio, el OVP documentó 11 muertes en diversos centros penitenciarios del país, entre ellos, Wilmer José Lucena González, en el Centro de Formación Fénix Hombre Nuevo El Libertador; Alejandro José Pulgar, en el Centro Penitenciario Fénix Lara; Alirio José Delgado Sánchez, en el Centro Penitenciario de Occidente I Cipriano Castro.
El diagnóstico de la OVP es contundente: el sistema penitenciario es un entorno donde la tuberculosis, las afecciones cardiovasculares y las enfermedades respiratorias se agravan por la ausencia de medicamentos, la demora en traslados hospitalarios y condiciones insalubres que atentan contra la dignidad humana.
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Un reclamo por la justicia y el silencio institucional
Ante este panorama, el OVP ha dirigido sus críticas hacia la Defensoría del Pueblo, señalando que la falta de acciones concretas y el silencio ante estas muertes perpetúan la impunidad. La oenegé sostiene que cada vida perdida bajo custodia del Estado es responsabilidad de las autoridades, que tienen el deber de garantizar atención médica oportuna y condiciones de vida mínimas.
Mientras el Ejecutivo venezolano mantiene hermetismo y no ha presentado un balance oficial sobre la situación de los centros penitenciarios tras los terremotos, tanto los familiares como las organizaciones de derechos humanos exigen respuestas urgentes. La solicitud es clara: investigaciones independientes sobre los fallecimientos recientes y la implementación inmediata de medidas que mitiguen la emergencia sanitaria, garantizando que el derecho a la vida no termine donde comienzan los muros de una prisión.
