EL CALLAO, BOLÍVAR.- La tensión se apodera de los municipios mineros al sur de Venezuela. Tras los recientes acontecimientos que han movilizado contingentes militares a gran escala, el alcalde del municipio El Callao, Coromoto Lugo, emitió una contundente postura institucional donde advierte que la región se encuentra en un punto de quiebre, víctima de un modelo de desarrollo que, lejos de traer prosperidad, ha dejado a la población sumida en la vulnerabilidad extrema.
Para el burgomaestre, la preocupación no es solo política, sino profundamente humana. El despliegue de fuerzas de seguridad, si bien busca controlar las dinámicas delictivas en las zonas mineras, está generando un efecto colateral de incertidumbre y desplazamientos poblacionales que el municipio no está en capacidad de absorber.
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Un colapso demográfico sin precedentes
La magnitud del desafío que enfrenta El Callao se refleja en sus cifras. En los últimos años, el municipio ha experimentado un crecimiento demográfico desproporcionado, pasando de una base poblacional de 30 mil habitantes a más de 100 mil. Este flujo migratorio, impulsado por la búsqueda de oportunidades en la minería, ha terminado por fracturar la ya debilitada infraestructura local.
“Mi preocupación principal como alcalde es el resguardo de nuestra gente y la capacidad de respuesta de nuestro municipio. Si a raíz de esta situación delictiva y los movimientos en las zonas mineras se desplazan 5 o 10 mil personas más hacia el casco urbano de El Callao, nos enfrentaremos a un colapso total”, advirtió Lugo.
La autoridad municipal fue tajante al describir el panorama actual: servicios públicos prácticamente inexistentes, una red vial en estado de destrucción y una crisis hospitalaria aguda que se evidencia en la carencia absoluta de ambulancias. Según Lugo, esta situación es consecuencia directa de la falta de un plan real de inversión por parte del Gobierno nacional.
El fracaso del modelo y el estigma del minero
El alcalde no dudó en cuestionar el diseño y la implementación del llamado Arco Minero del Orinoco. A su juicio, el proyecto se ha traducido en ecocidio, destrucción ambiental y un abandono sistémico de las comunidades. Sin embargo, Lugo se desmarca de las posturas que buscan la criminalización absoluta del sector.
“Nuestra cultura, nuestra historia y nuestra economía dependen de la minería. Aquí vamos a vivir de la minería, no de otra cosa, pero de una minería digna”, subrayó.
En su intervención, el mandatario local salió en defensa de los trabajadores mineros, desmarcándolos del estigma delictivo que a menudo se les impone. Definió a la inmensa mayoría como padres de familia honestos, ciudadanos que han migrado desde distintos puntos del país en busca de sustento, atraídos por la esperanza de mejores condiciones de vida.
Exigencia de soluciones estructurales
La propuesta de Coromoto Lugo ante el Ejecutivo es clara: humanizar la minería. El alcalde demanda que el Estado venezolano asuma su responsabilidad de organizar la actividad, brindando orientación, acceso a financiamiento y estableciendo zonas seguras que permitan una extracción formal y responsable.
El llamado es urgente y de carácter institucional. Lugo insiste en que la seguridad ciudadana es insuficiente si no se acompaña, de manera obligatoria, por una inversión social sostenida. Dotación hospitalaria, mejora de servicios básicos y una reestructuración de la gobernanza local son, a su juicio, las únicas vías para detener el abandono en el que se encuentra sumido el sur de la nación.
“El gobierno debe proteger el derecho a la vida del minero. La seguridad debe ir acompañada de inversión social para evitar que el sur de la nación continúe sumido en una crisis de gobernabilidad”, concluyó.
