INTERNACIONAL.- La situación judicial del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), ha dado un giro significativo esta semana. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido ampliar la investigación contra el antiguo líder socialista, al abrir una pieza separada que pone bajo la lupa un conjunto de joyas incautadas en su oficina el pasado 19 de mayo, cuyo valor preliminar asciende a 1.323.915 euros.
El origen de las joyas: una incógnita bajo sospecha
El auto judicial, dictado este viernes 12 de junio, es contundente: el origen de las piezas de joyería halladas no ha sido justificado. Para el magistrado Calama, la posesión de activos de lujo de tal magnitud, sin el correspondiente rastro fiscal que acredite su adquisición legítima, constituye un “indicio objetivo y racional” de una posible defraudación tributaria.
El juez sostiene que la falta de justificación sobre el pago de los impuestos correspondientes sugiere una posible ganancia patrimonial no declarada ante la Hacienda pública. Más grave aún es la sospecha de un presunto delito de contrabando. Según la tesis del instructor, la circulación de estas piezas en territorio español sin haber abonado los derechos arancelarios o tributos de importación correspondientes a la Unión Europea apunta a una posible elusión de los controles aduaneros exigibles para bienes de este valor.
Ante estos señalamientos, el entorno de Zapatero ha intentado desvincular el patrimonio de su actividad pública, atribuyendo la procedencia de las joyas a herencias familiares —provenientes de su madre y su suegra— y a regalos sin especificar. No obstante, será el propio expresidente quien deba dar explicaciones formales ante el magistrado los próximos 17 y 18 de junio.
El “vértice” de una trama mayor
Esta nueva línea de investigación llega en un momento crítico para Zapatero, quien ya se encontraba imputado en una causa de gran calado por su presunta participación en una red de tráfico de influencias. El juez Calama sitúa al expresidente como el supuesto “vértice” de una estructura diseñada para obtener beneficios económicos a través de presiones ante instancias públicas.
El eje central de este caso es el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, que recibió una inyección de 53 millones de euros de dinero público. La instrucción sostiene que la red de influencia habría facilitado esta concesión a cambio de beneficios que, presuntamente, fueron canalizados hacia el expresidente y su “entorno más próximo”.
Un horizonte judicial complejo
Además del tráfico de influencias, el magistrado ha detectado indicios de otros delitos graves, entre ellos, blanqueo de capitales y organización criminal.
A pesar de la gravedad de las imputaciones, la postura de Zapatero ha sido de defensa férrea. Tras su imputación inicial, el exmandatario difundió un mensaje a través de un vídeo en el que negaba categóricamente haber realizado gestiones ante la administración pública para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, reiterando su inocencia y su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos.
Mientras se prepara para sus próximas declaraciones en la Audiencia Nacional, el caso se perfila como uno de los mayores desafíos legales para un expresidente del Gobierno en la historia reciente de España, con la justicia analizando no solo su influencia política, sino también la opacidad de su patrimonio personal.
EL REGIONAL DEL ZULIA
