NACIONALES.- A punto de cumplirse un mes de los devastadores terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio, una robusta coalición de organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y familiares exigieron este miércoles la liberación plena e incondicional de todos los presos políticos. Durante una rueda de prensa convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve).
El grupo de defensores de los Derechos Humanos alertaron que la vida de decenas de detenidos corre un peligro inminente debido al agravamiento de las condiciones de reclusión, la carencia absoluta de atención médica y los posibles daños estructurales no evaluados en las cárceles tras los sismos.
La declaración unitaria —respaldada por organizaciones como Provea, Cofavic, Justicia, Encuentro y Perdón, Defiende Venezuela, Foro Penal, Cepaz, Civilis, Acceso a la Justicia, Caleidoscopio Humano, Un Mundo Sin Mordaza y Voces de la Memoria, JEPVzla, entre otras— enfatizó que la emergencia humanitaria derivada de la catástrofe natural no puede utilizarse como coartada para sepultar la agenda de derechos humanos. Por el contrario, recalcaron que la protección de la vida humana exige el restablecimiento inmediato de las garantías constitucionales y el cese de la indolencia estatal.
Temor por daños estructurales
A casi cuatro semanas del movimiento telúrico, el Estado venezolano mantiene un hermetismo absoluto. Las organizaciones denunciaron que ninguna instancia oficial —incluyendo el Ministerio Penitenciario, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público— ha ofrecido información transparente sobre la situación real de los recintos carcelarios ni sobre el estado físico de los reclusos.
Ante este panorama, la coalición exigió que se permita de forma urgente el acceso regular de familiares y abogados, así como la realización de inspecciones técnicas independientes en prisiones clave como El Rodeo I, Guaicaipuro, Yare y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), los cuales ya presentaban graves deficiencias estructurales y de salubridad que ahora multiplican el riesgo para la población penal.
Estado crítico y presión contra las familias
Durante la comparecencia pública, la activista Andreina Baduel encendió las alarmas al revelar que más de 40 presos políticos se encuentran en un estado crítico de salud, advirtiendo que la falta de atención médica oportuna los coloca al borde del abismo. Baduel responsabilizó directamente al Estado por cualquier desenlace trágico y recordó el caso de su hermano, Josnars Baduel, quien continúa requiriendo cuatro intervenciones quirúrgicas urgentes debido a las secuelas de las torturas sufridas en cautiverio.
Asimismo, se denunció una creciente campaña de hostigamiento y coacción: autoridades penitenciarias han presionado a los familiares de los detenidos para que retiren las denuncias públicas y abandonen la exigencia de justicia a cambio de falsas promesas de respuestas institucionales, una práctica calificada como revictimizante y de profunda crueldad psicológica.
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Llamado internacional y freno a la impunidad
Por su parte, el coordinador jurídico de Cofavic, Ronnie Boquier, rechazó de manera categórica las acciones de intimidación y persecución contra los defensores de derechos humanos, recordando que documentar abusos y acompañar a las víctimas no constituye ningún delito. En la misma línea, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, insistió en que la reconstrucción nacional tras el sismo debe ejecutarse bajo estrictos criterios técnicos y democráticos, lamentando la persistente falta de voluntad política para atender el dolor de los afectados.
La rueda de prensa concluyó con un llamado urgente a la comunidad internacional para que mantenga bajo rigurosa observación la crisis carcelaria en Venezuela, subrayando que la liberación de los presos políticos y la auditoría técnica internacional de los centros de reclusión son condiciones éticas e indispensables para cualquier proceso genuino de transición y respeto a la dignidad humana en el país.
