Fiscal dice que 75% de los condenados en el país opta por asumir los hechos para acortar los tiempos de reclusión

Durante el acto de reinicio de la Revolución Judicial, Larry Devoe detalló que el 75% de los ciudadanos condenados en Venezuela optó por la admisión de los hechos punibles para evitar el retardo procesal y los altos gastos económicos que esto acarrea

por Elkis Cardozo

Nacionales.- El fiscal general de la República, Larry Devoe, ratificó el compromiso del Ministerio Público con el reimpulso y la transformación profunda del sistema de justicia penal en el país e instó a trabajar de manera conjunta para frenar el retardo procesal.

Durante el acto de reinicio de la Revolución Judicial, Devoe detalló que el 75% de los ciudadanos condenados en el país optó por la admisión de los hechos punibles, un indicador sociodemográfico que revela cómo los privados de libertad suelen asumir la culpabilidad simplemente para acortar los tiempos de reclusión provisional y evadir los altos costos económicos que acarrea el proceso judicial ordinario bajo las estructuras tradicionales.

Devoe enfatizó que esta iniciativa complementa los diagnósticos previos mediante acciones concretas dirigidas a objetivos prioritarios, entre los cuales destaca el combate frontal al retardo procesal en estrecha coordinación con las directrices del Ejecutivo nacional y el Tribunal Supremo de Justicia.

Seguidamente, alertó sobre las distorsiones que genera la lentitud en las causas penales a partir de datos estadísticos recientes y explicó que el proceso de consulta en marcha escucha activamente a diversos sectores de la sociedad con el fin de corregir fallas estructurales.

Asimismo, la máxima autoridad del Ministerio Público precisó que los estudios técnicos demuestran que casi el 70% de la población recluida en los establecimientos penitenciarios pertenece a los estratos socioeconómicos cuatro y cinco, correspondientes a los sectores más vulnerables de la población.

Devoe concluyó que el sistema penal debe orientar sus políticas hacia una mínima intervención penal que garantice el debido proceso y la igualdad de condiciones ante la ley.

Nacionales.
El Regional del Zulia.

 

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