Política.- El panorama para la dirigencia opositora venezolana en el exilio ha dado un giro preocupante este viernes 23 de enero de 2026. Carlos García, exalcalde del municipio Libertador del estado Mérida y reconocido abogado venezolano, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Cincinnati.
La noticia, confirmada por su entorno familiar, ha encendido las alarmas sobre el futuro de quienes buscan refugio en Estados Unidos huyendo de la persecución política.
«Su vida corre peligro»: El clamor de su familia
A través de un vídeo difundido en redes sociales, Gaby Duarte, esposa del dirigente, expresó su profundo temor ante una posible deportación. Duarte enfatizó que García no es un migrante económico, sino un perseguido político con órdenes de captura vigentes en Venezuela.
“Carlos es un perseguido político y volver a un escenario sin garantías constitucionales pondría su vida en peligro”, sentenció Duarte, quien además aseguró que la situación migratoria de su esposo se encontraba bajo cumplimiento legal al momento del arresto.
Un historial de resistencia y persecución
La detención de García en suelo estadounidense reabre las heridas de los eventos de 2017. En aquel año, mientras fungía como alcalde electo de Mérida, fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras negarse a reprimir las protestas ciudadanas que sacudieron al país.
García fue condenado por «desacato», una figura legal que organismos internacionales denunciaron en su momento como una herramienta del sistema judicial venezolano para neutralizar a líderes opositores democráticamente electos. Tras ser despojado de su cargo y sentenciado a prisión, García logró salir del país para salvaguardar su libertad, manteniendo desde el exterior una postura crítica y activa contra el gobierno nacional.
El riesgo de la deportación
Para activistas y organizaciones de Derechos Humanos, la entrega de Carlos García a las autoridades venezolanas representaría una violación a los principios de asilo y refugio. La defensa del exalcalde sostiene que:
Encarcelamiento inmediato: Existen procesos judiciales abiertos y condenas previas esperándolo en Venezuela.
Falta de garantías: El sistema judicial venezolano ha sido señalado reiteradamente por la ONU debido a su falta de independencia.
Represalias: Su activismo en el exilio lo convierte en un objetivo directo para el sistema de inteligencia del Estado.
Movilización por una revisión humanitaria
Actualmente, el equipo legal de García busca activar de manera urgente una revisión humanitaria de su expediente. El objetivo es frenar cualquier orden de expulsión basándose en el peligro real de tortura o tratos crueles en su país de origen.
Figuras políticas y la comunidad venezolana en el exterior han comenzado a movilizarse, recordando que Estados Unidos ha sido históricamente un bastión de refugio para quienes huyen de regímenes autoritarios. El caso de Carlos García se convierte ahora en una prueba de fuego para las políticas migratorias y el compromiso con los derechos humanos en territorio estadounidense.
El Regional del Zulia
Fuente/El Informador Venezuela
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