Política.- El sistema judicial del estado Mérida reafirmó este 4 de marzo una decisión que organizaciones de Derechos Humanos califican como una “persecución arbitraria”. Los ciudadanos Edubin y Pablo Montilva, agricultores originarios de Guaraque, recibieron la notificación oficial de que su solicitud de Amnistía y Libertad Plena ha sido denegada.
La medida fue dictada por la jueza Patricia Isabel González y la fiscal Jhorgelis Batista, quienes ignoraron los argumentos presentados por el abogado Franklin Márquez, representante de la ONG Foro Penal. La defensa sostiene que no existen fundamentos jurídicos sólidos para mantener la privación de libertad de estos dos hombres, cuya detención se produjo el pasado 5 de enero de 2026.
Un hogar fracturado y un hermano en riesgo
Detrás de los expedientes judiciales se esconde una tragedia familiar. Los hermanos Montilva no solo son el sustento económico de su hogar a través de la agricultura, sino que son los cuidadores principales de un tercer hermano con condiciones neurodivergentes.
Desde su aprehensión, este familiar ha quedado en una situación de total vulnerabilidad. La detención de Edubin y Pablo —motivada por haber celebrado públicamente la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores— ha dejado a una familia humilde de los Andes venezolanos a la deriva.
“La justicia que tarda no es justicia, y la que se niega arbitrariamente es persecución”, sentenciaron representantes de plataformas de defensa de DD.HH. tras conocerse el fallo.
Cronología de una injusticia
5 de enero de 2026: Detención de los hermanos en un contexto de represión política.
Solicitud de Amnistía: Presentada bajo el marco legal vigente para casos de persecución política.
4 de marzo de 2026: Traslado al Circuito Judicial de Mérida solo para recibir la negativa formal a su libertad.
Clamor por la libertad
La comunidad de Guaraque y diversas ONG exigen que el caso sea revisado bajo estándares internacionales de derechos humanos. Reiteran que los hermanos Montilva no son delincuentes, sino ciudadanos que ejercieron su derecho a la expresión y que hoy son víctimas de un sistema que castiga la disidencia incluso en los sectores más humildes de la población.
“No son números, no son expedientes: son hermanos, hijos, padres y venezolanos inocentes”, concluye el llamado de los activistas que exigen justicia inmediata para todos los presos políticos de la región andina y del país.
El Regional del Zulia
Fuente/El Vigía Móvil
Foto/RR SS
