Economía.- A imagen y semejanza de la apertura en el sector hidrocarburos, la Ley de Minas recién aprobada en Venezuela busca abrir la puerta a la inversión extranjera e incorporar el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias, dos aspectos considerados positivos por analistas, aunque enfrentó, antes de su firma, escollos por temas como las regalías y el impacto ambiental.
En casi un mes en debate y en 130 artículos esta nueva normativa, según el ente legislativo, integra, ordena, mejora y corrige el antiguo marco legal que regulaba este sector, favorecido en las últimas semanas por una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos en medio del interés del presidente Donald Trump en el oro venezolano y del nuevo escenario tras el ataque militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro.
Venezuela hasta ahora tenía una ley de minas de 1999 y un decreto de ley del oro de 2015 que reservaba este mineral al Estado; en la primera se precisaba el arbitraje como un mecanismo de resolución de conflictos solo ante tribunales nacionales y en el segundo no estaba contemplado.

Ahora esta ley destinada a modernizar la deteriorada industria minera del país y a atraer a empresas privadas para que exploten las riquezas inexploradas de oro y minerales esenciales de Venezuela, promete una nueva arquitectura legal para la minería nacional.
La nueva Ley
El nuevo marco legal minero, no solo unifica estas dos normas otorgando la posibilidad de la compra de oro a terceros, aunque con preferencia al Estado durante los primeros cinco días después de su extracción, sino que habilita a los tribunales de la República, la mediación y el arbitraje frente a posibles disputas sin expresar taxativamente ante cuál jurisdicción.
La nueva Ley “tiene un avance porque permite el ejercicio de la minería al Estado, a empresas mixtas donde el Estado tenga mayoría accionaria, empresas donde el privado tenga mayoría accionaria y empresas que solamente son privadas”, señaló en una conversación telefónica con EFE el exdiputado e ingeniero Elías Matta, en referencia al artículo 11 de la Ley.
Sin embargo, apuntó que en cuanto al tema del arbitraje era necesaria una precisión para dejar claro que se permitirá el mecanismo ante una jurisdicción internacional.

La Ley de Minas recién aprobada en Venezuela busca abrir la puerta a la inversión extranjera
La nueva ley permitirá a los inversionistas resolver las disputas contractuales con el gobierno venezolano a través de la mediación y el arbitraje, en lugar de hacerlo únicamente a través de los tribunales venezolanos. Sin embargo, algunos expertos advirtieron que el lenguaje sobre el arbitraje era impreciso, lo que no dejaba claro si las disputas podrían resolverse en instancias internacionales, tal como expresa el dirigente político Elías Matta.
Otros expertos consultados por EFE coinciden en que aún bajo este escenario la ley ofrece garantías jurídicas atractivas para las compañías foráneas.
La ley también creará cuatro nuevas entidades de supervisión, incluida una unidad especializada de la Guardia Nacional de Venezuela para vigilar las zonas mineras.
El profesor e investigador de la Universidad Católica del Táchira y vicepresidente para Venezuela de la Alianza Minera de América Latina, José Pernía, explicó a EFE que el tema del arbitraje se puede definir cuando se redacten los contratos de concesión o el derecho minero que se vaya a otorgar.
“Se incorpora una cláusula en la que se permita acudir al arbitraje o a la mediación”, dijo.
Materia pendiente
En la Ley en la parte de las regalías y otros impuestos, según Matta llama la atención que la ley sitúa hasta en 13 % las primeras y un máximo del 12 % los tributos.
Este porcentaje está fuera del promedio de la región, algo que el exlegislador no ve favorable para entrar a competir en el mercado.
“Si yo soy una empresa de oro y resulta ser que me ponen 13 % de regalía y 12 % de impuestos mineros, llevo ya 25 %. Eso está fuera de la media en el mundo”, alertó.
El también exdiputado en el exilio y economista José Guerra coincide en que la regalía “es muy elevada”.
“Creo que las regalías debieron establecerse por tipo de mineral de una vez en la propia ley y no quedase a la discrecionalidad del Gobierno. Sencillamente a mayor dificultad de extracción del mineral, la regalía obviamente sería más baja”, planteó Guerra.
Impacto ambiental
Otra materia pendiente es el impacto ambiental. En los debates para su aprobación, de hecho, este fue un punto de discusión debido a que un partido ecologista pidió incluir explícitamente que los recursos generados por la actividad minera también sean destinados para temas de ambiente.
La solicitud fue negada por la mayoría chavista, que argumentó que el artículo 6 establece los principios de la Ley en los que se habla de la “prevención y remediación ambiental” y de la “conservación del ambiente”.

La minería ilegal floreció bajo Maduro en el estado suroriental de Bolívar y en amplias zonas de la selva amazónica, donde la minería está prohibida, pero ha experimentado un auge ilegal que ha provocado deforestación y contaminación. La mayoría de los yacimientos de Venezuela se encuentran en un extenso territorio selvático conocido como Arco Minero del Orinoco, una zona más grande que Cuba, lo que dificulta su vigilancia.
ONG han advertido igualmente que esta Ley no establece como requisito obligatorio los estudios de impacto ambiental para otorgar concesiones y recuerdan que en las zonas mineras operan grupos irregulares armados a quienes acusan de explotar el suelo con “complicidad” de autoridades.
“Caracas no es la autoridad de facto en estas regiones mineras”, dijo Bram Ebus, consultor que lleva años investigando la minería ilegal en Venezuela para Amazon Underworld, un proyecto de periodismo de investigación. “Así que pueden redactar una bonita legislación minera, pero cuando vas a estos distritos mineros, hay otras autoridades armadas con las que tienes que tratar”.
A pesar de las dificultades, la nueva ley pretende formalizar la industria minera de Venezuela, que, según algunos investigadores de mercado, podría generar al menos 8000 millones de dólares de ingresos anuales en 2036.
Venezuela se asienta sobre una fortuna mineral que permanece en gran medida sin explotar. Se cree que el país posee una de las mayores reservas de oro del mundo. También se cree que posee una gran riqueza en tierras raras y vastas reservas de bauxita, hierro, carbón, cobre, níquel y coltán, un mineral negro utilizado en la fabricación de artículos como celulares y satélites.
Los funcionarios venezolanos y estadounidenses acogieron con satisfacción la nueva legislación, y afirmaron que esta ayudaría a diversificar la dependencia de la economía del petróleo y mejoraría las condiciones para que las empresas extranjeras invirtieran. Es similar a una ley aprobada a finales de enero para reestructurar el sector petrolero, sancionada como la Ley de Hidrocarburos.
El Regional del Zulia
Fuente/EFE- The New York Times
Fotos/EFE- The New York Times