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Reclusos pierden peso ante la falta de comida en calabozos del Zulia

 

EL REGIONAL DEL ZULIA

 

ZULIA.-Es viernes y no hay familiares en los alrededores de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en Altos del Sol Amada, al sur oeste de Maracaibo. La entrega de alimentos está pautada por pabellón desde las 9:00 de la mañana. El tiempo transcurre y apenas una veintena de familiares se acercan. Gonzalo Sánchez visita la sede desde hace tres años y asegura que en los últimos meses ya no es lo mismo. “Viene poca familia, se pasa rápido, se mueve un poquito más cuando se corre el rumor de que habrá visita”.

Entre las pocas provisiones que lleva Sánchez está un botellón de 5 litros con agua, dos mudas de ropa limpia, unas bolsitas de plástico transparente con crema dental y desodorante. En una más grande tiene 10 arepas rellenas con mortadela y otra con pasta y lentejas. “Se hace lo que se puede. Este año arrancó más duro”.

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La entrega de medidas procesales durante la Revolución Judicial, la migración, la dificultad para conseguir alimentos y efectivo son las principales razones a las que los familiares le adjudican la merma de visitantes. Adentro, según comentan algunos funcionarios, los 257 privados de libertad que albergan en sus instalaciones, entre ellos 55 mujeres; han perdido peso desde su ingreso. “La mayoría están sanos. Tienen lo normal, sarna, hongo, tumores, uno que otro casito aislado de COVID-19  y están flacos, pero es porque no comen, ninguno se está muriendo. Solo tenemos uno que debe dializarse, pero a ese no lo sacaron durante la cayapa”, comenta uno de los funcionarios del Cicpc.

En el retén de San Carlos de Zulia preparan al menos una vez a la semana una comida colectiva.

Entre la lista de enfermos está Luis Mario Bastidas Centeno. En el calabozo de Homicidios del Cicpc contrajo tuberculosis y desde el 15 de diciembre de 2021 recibe tratamiento. Su madre está obligada a acudir al Despacho de Altos del Sol Amada todos los días para que el muchacho pueda cumplir el tratamiento. Previamente debe acercarse a un centro de salud en la avenida Dr. Portillo con Delicias y retirar las pastillas. Luego debe viajar en autobús una hora para la entrega. Aún se le ve demacrado, la poca ingesta de alimentos diarios no lo favorece.

Entre muros ocurre otra realidad que le impide a los detenidos llevarse un bocado a la boca. El pranato decide quién come, qué y cómo. “Se la aplican a los que no les va familia. Si dicen que hay que botarla, se bota. Sin importar quien la trajo”, denuncia un exrecluso del Cicpc.

 La enfermedad acecha

Lejos de la capital zuliana, en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas San Carlos de Zulia, en el municipio Colón, se repite el panorama de inseguridad alimentaria entre sus 430 privados de libertad, entre ellos 70 mujeres y tres de ellas embarazadas. Gerwin Bertiz, coordinador de una de las organizaciones religiosas que visita el penal, asegura que la situación es preocupante, porque predominan, entre la población penal, los foráneos. “Esta semana nos informaron que 80 de los internos tienen síntomas gripales, hay 25 enfermos de tuberculosis y sospechamos que dos tengan VIH, pero no se ha podido descartar porque todavía no se ha podido organizar una jornada médica”.

Bertiz lleva una ración de comida para los “fritos”, quienes no reciben visita, cada 15 días. “Nos gustaría tener más continuidad, pero es difícil conseguir el apoyo”. Al recordar el número de fallecidos en 2021, se lamenta. “Murieron 9 privados de libertad por tuberculosis y eso se debe a la mala alimentación. Ahí ellos sobreviven como pueden”.

En algunas ocasiones, los presos del retén de San Carlos han organizado sopas colectivas. Las mujeres que no reciben visita cocinan en leña, se multa a los patios y todos comen, detalla una interna. El plato lo preparan principalmente con huesos rojos y blancos o vísceras y tubérculos.

 

Grito de auxilio

 

Cuando la enfermedad  acorrala a los detenidos, algunos pierden el miedo y piden ayuda. Tal es el caso de las 57 mujeres en el Cicpc Maracaibo, quienes solicitan la colaboración para Luzkary Botero, de 39 años de edad, quien sufre una hemorragia vaginal y no ha recibido asistencia médica. “Necesita vitamina K y diclofenaco. El periodo menstrual le produce hemorragia y desconoce los motivos”.

Otras de las solicitudes de las privadas de libertad es la colaboración con ibuprofeno, losartán potásico, diclofenac, clotrimazol y óvulos vaginales para las internas con infección. “Hay mujeres con asma y para ellas pedimos es la atención”.

Este año en ninguno de los 30 centros de detención preventiva a los que le hace seguimiento exhaustivo Una Ventana a la Libertad no han ejecutado jornadas médicas. Los oficiales adjudican los retrasos al cambio de autoridades en el gobierno regional y en las alcaldías. “Los despistajes y traslados a centros de salud o al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) se ejecutan por orden del tribunal”, comentó un oficial de Polisur.

En esa espera de atención falleció, el domingo 16 de enero de 2022, Édgar Alexander Abreu Acevedo, de 45 años, quien permanecía recluido en los calabozos del Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (Sipez). Padecía tuberculosis y tras el examen postmortem dio positivo para VIH.  Quienes lo conocieron aseguran que sus familiares hicieron lo posible para la entrega de una medida humanitaria, no recibía tratamiento ni contaban con recursos para brindarle una alimentación balanceada en su celda. “Lo vi a finales de diciembre por última vez. Me duele saber que murió en esas condiciones”, comentó una amiga de Abreu.

El deceso de Abreu solo representa uno de los cuatro decesos que se hicieron públicos a través de Una Ventana a la Libertad entre octubre de 2021 y enero de 2022. Las enfermedades se las contagiaron, las desarrollaron o se agravaron durante la permanencia de los privados de libertad en los centros de detención preventiva de la región zuliana. Uno de los factores que influyó en gran medida fue la calidad y la cantidad de alimentos que consumían a diario los detenidos.

Jéssika Ferrer Palma de UVL

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