En un momento en que la ciudadanía exige mayor transparencia y ejemplaridad, la política española se ve una vez más sacudida por el viejo fantasma de la corrupción. La reciente trama que involucra a figuras cercanas al presidente Pedro Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha destapado no solo irregularidades administrativas, sino una preocupante erosión de la confianza en las instituciones.
Lo más alarmante no es únicamente el uso presuntamente fraudulento de fondos públicos durante la emergencia sanitaria, como en el caso de las mascarillas adquiridas a sobreprecio, sino el perfil de los implicados. Personas como José Luis Ábalos, otrora uno de los ministros más visibles del Ejecutivo, y su entorno más estrecho, se encuentran ahora en el epicentro de un escándalo que amenaza con fracturar no solo al partido, sino al proyecto político que representa.
La dimisión de Santos Cerdán, figura clave dentro de la estructura del PSOE, ha sido el golpe más reciente en esta cadena de revelaciones. Su salida del escenario político no solo implica una admisión tácita de que algo huele mal dentro del partido, sino que añade más presión a un gobierno que lucha por sostener una narrativa de integridad y buen hacer.
A esto se suma la delicada situación personal del presidente. Las investigaciones que involucran a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, no son solo un problema mediático: son un desafío ético y político que demanda respuestas claras. La línea entre lo privado y lo público, cuando se ostentan cargos de responsabilidad, simplemente deja de existir.
Pedro Sánchez ha optado por resistir. Ha pedido disculpas y se ha desligado personalmente de los hechos, pero en política, la responsabilidad no se mide solo por la implicación directa, sino por la capacidad de dar la cara cuando las cosas fallan bajo nuestro mando.
Este escándalo, no solo salpica a los altos funcionarios españoles, sino que arrastra con su larga cola al régimen de Nicolás Maduro, descubriéndose conexiones y pagos ilegales desde Miraflores a miembros del PSOE a través de Petróleos de Venezuela, de la mano de nada más y nada menos que de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.
Puede que en Venezuela mientras el poder judicial este bajo el poder del régimen la cosa siga como hasta ahora: calladito; sin embargo, para Pedro Sánchez la cosa está color de hormiga, mientras la oposición española se frota las manos al verse cerca de derrocar el poder del PSOE en España.
Más allá de su desenlace judicial de esta trama de corrupción que rueda con furia en cada rincón de España y el Continente Europeo, debería ser un punto de inflexión. ¿Vamos a seguir normalizando que los partidos en el poder pierdan la brújula ética apenas se consolidan en el gobierno? ¿O exigiremos, de una vez por todas, una política que sea coherente con los valores democráticos que tanto defendemos en el discurso?
La respuesta, como siempre, está en manos de los ciudadanos. Porque si la indignación no se traduce en acción, el ciclo de la corrupción no hará más que repetirse.
