Internacionales.- Organizaciones de Derechos Humanos y abogados denunciaron a la presidenta designada por el Congreso de Perú, Dina Boluarte, por la muerte de seis manifestantes en la región de Apurímac. El hecho se registró durante las protestas en diciembre pasado en la región.
En la demanda – señala TeleSur -, también se incluye a ministros y jefes policiales de su gabinete.
En concreto, la denuncia incluye al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, el entonces ministro de Defensa y hoy premier, Alberto Otárola; el exministro del Interior, César Cervantes, el comandante general de la Policía, Raúl Alfaro y otros responsables en la represión.
Los cargos apuntan a que, durante las manifestaciones en contra de la asunción al poder de Boluarte, que comenzaron el 7 de diciembre pasado, se reportaron seis muertos, 83 heridos y decenas de detenidos y torturados a manos de efectivos policiales bajo su mando.
Entre los fallecidos se encuentran dos adolescentes.
Por esta razón, las organizaciones y los letrados independientes entregaron a la Fiscalía la denuncia, en la que se incluye material audiovisual, documentos y testimonios de los familiares de las víctimas.
“No es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del más alto nivel. No solo los efectivos policiales, actores directos, son responsables de los hechos, sino también los autores mediatos”, denuncian los demandantes, citados por TeleSur.
Según la Defensoría del Pueblo de Perú, hasta la fecha son al menos 58 los civiles fallecidos por las protestas sociales como producto de los enfrentamientos con las fuerzas del orden o por hechos relacionados.
Investigación contra primer ministro de Boluarte
Por otra parte, la Fiscalía de Perú abrió una investigación contra el primer ministro, Alberto Otárola, y el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, por asociación ilícita agravada.
«La Fiscal de la Nación abrió investigación preliminar contra Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, y contra Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, como presunto instigador y autor, respectivamente, por el delito de colusión agravada», escribieron en su cuenta en la red social Twitter.
Esto se debe al nombramiento de Carola Rodríguez como asesora del ministro Alfonso Adrianzén con un sueldo de 15.500 soles al mes (4.078 dólares).
Según el semanario peruano Hildebrandt en sus Trece, Carola Rodríguez Bringas es tía de Luis Eduardo Otárola, hijo de Alberto Otárola, quien no consignó el nombre de su primogénito en su declaración jurada de intereses, refiere Sputnik.
No obstante, ambos han negado su participación en el delito ante el ente.
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