NACIONALES.- A casi un mes del doble terremoto que sacudió los cimientos del país el pasado 24 de junio, el escenario nacional transita de la urgencia del rescate hacia una etapa de mayor complejidad: la atención a largo plazo y la reconstrucción física y social. Sin embargo, para expertos en derechos humanos, como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), este periodo no es solo un reto de infraestructura, sino una prueba de fuego para la gobernanza y la ética institucional.
En entrevista para el programa De primera mano de Radio Fe y Alegría Noticias, Oscar Murillo, director del Provea, fue enfático: la emergencia no debe ser la excusa para postergar las garantías fundamentales. Por el contrario, subrayó que el respeto a la dignidad humana es el único blindaje contra la instrumentalización política de la tragedia.
Las lecciones no aprendidas de 1999
Murillo advierte sobre los peligros de replicar esquemas que, en el pasado, profundizaron el trauma de las víctimas. Al recordar la tragedia de Vargas en 1999, el activista destacó cómo la gestión improvisada derivó en la fragmentación de familias y una reasignación de viviendas que careció de una visión integral.
“Tenemos lecciones que aprender. La reasignación de viviendas no puede ser un proceso mecánico que destruya el tejido familiar. El derecho a una vivienda segura debe ser la prioridad técnica, no una variable sujeta a conveniencias partidistas”, aseveró.
La crítica a la “militarización” de la gestión
Uno de los puntos más álgidos del análisis de Murillo es la designación de la respuesta estatal bajo la égida de las llamadas “misiones” políticas. El director de Provea calificó como contraproducente que el plan de reconstrucción, denominado Gran Misión Venezuela a Renacer, lleve una nomenclatura que, a ojos del ciudadano común, remite al control social, el clientelismo y la exclusión de sectores críticos.
El cuestionamiento se extiende hacia los liderazgos operativos. Ante el nombramiento de Jacqueline Faría para encabezar las obras, Murillo instó a priorizar el aval de especialistas en gestión de riesgos y academia, en lugar de perfiles eminentemente políticos. “La transparencia no es un regalo del Estado; es un derecho de la población a conocer cómo se invierten los recursos en medio de la crisis”, enfatizó.
Erosión institucional y la respuesta de la sociedad civil
El balance de las primeras 72 horas tras el sismo dejó en evidencia, según estudios citados por Murillo, un desfase crítico entre la magnitud del impacto y las capacidades operativas del Estado. El activista atribuyó esta debilidad a un “largo periodo de erosión institucional, negligencia y corrupción”, que dejó al país sin equipos básicos de Protección Civil, maquinaria pesada y recursos de respuesta rápida.
En este vacío de gestión, el peso de la atención primaria recayó sobre la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sector privado, quienes sostuvieron la respuesta inmediata ante la emergencia.
Hacia una hoja de ruta con enfoque de derechos
Para la etapa actual, Murillo delineó una serie de prioridades transversales, exigiendo que la vigilancia de las agencias internacionales y la sociedad civil sea permanente:
Protección diferencial: Urge la creación de protocolos especiales para niños, niñas, adolescentes y mujeres, blindando los refugios contra situaciones de violencia o abuso.
Distribución equitativa: La ayuda debe canalizarse a través de organismos con credenciales probadas —como agencias de la ONU, Cáritas de Venezuela y Avesoc— para evitar el sesgo discriminatorio.
Contención y justicia: Se requiere fortalecer el acompañamiento psicosocial (como las iniciativas de Psicodata-UCAB) y la asesoría jurídica (como el trabajo de Cofavic) para garantizar que quienes perdieron sus hogares mantengan sus derechos de propiedad y de identidad.
El mensaje final de Provea es un llamado a la rectificación. “Estamos a tiempo de corregir”, sentenció Murillo, advirtiendo que ninguna reconstrucción material tendrá solidez si no va acompañada de una reconstrucción de la confianza institucional y de un consenso nacional que deje atrás la lógica del bando político para centrarse, exclusivamente, en la vida y el futuro de los damnificados.
EL REGIONAL DEL ZULIA
