Al menos 12 personas habrían desaparecido en las minas del sur del estado Bolívar durante el año 2020 según un trabajo periodístico publicado por el diario el Correo del Caroní.
Desde el establecimiento de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO) en el año 2016, aumentó la migración de personas hacia las minas del sur del estado Bolívar. La cifra se engrosa a medida que avanza la emergencia económica, y muchas de las personas que migraron desde sus ciudades hacia el nuevo dorado no regresaron a sus hogares.
De acuerdo con el monitoreo de Correo del Caroní, entre 2019 y el primer semestre de 2020 han muerto al menos 137 personas: 39 mineros, dos comerciantes, y demás miembros de grupos delictivos y funcionarios del Estado. 45% de las víctimas no pudieron ser identificadas por efectivos del Estado, por el avanzado estado de descomposición en el que se encontraban, por carecer de documentos de identidad o por tener múltiples heridas de bala en la cara.
La cifra de personas desaparecidas vinculadas a la minería entre 2012 y 2020 ascendió a 82 personas de acuerdo con el monitoreo de un colectivo independiente de periodistas en alianza con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) para el proyecto de investigación Indelebles.
Entre enero y agosto de este año se reportó la desaparción de Alex Rivero Figueroa, María Moceta y su pareja Ronald, Robin Burgos, Richard Navas, Liliana Castro y José Ron, Leoscar Arias, Luis Vásquez, Justo Rincón, y David Peña desaparecieron entre enero y agosto de este año, en ese contexto.
Seis personas desaparecieron en el municipio Sifontes (Las Claritas, El Dorado, kilómetro 88), cinco personas desaparecieron en El Callao (Los Caballos y Nuevo Callao) y una persona que solía viajar al sur, desapareció en Angostura del Orinoco (Ciudad Bolívar).
50% de los desaparecidos en este territorio violento son mineros artesanales, la mayoría proveniente de distintos municipios del estado Bolívar, y algunos, provenientes de otros estados como Anzoátegui, Monagas, Carabobo y el Distrito Capital.
Un dato que pudo comprobar el diario es que los familiares no denunciaron ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) la desaparición “porque no confían en el proceso de búsqueda del organismo, porque no los incluyen en las investigaciones o por miedo a denunciar”. Por lo general, los familiares emprenden la búsqueda por cuenta propia, faena que se complicó todavía más en un escenario pandémico.
Además el Correo del Caroní no obtuvo respuesta al consultar a la directiva del Cicpc de Tumeremo.
En estos territorios puede desaparecer cualquier persona que esté vinculada con el oro que se extrae en estas tierras, ya sea por su extracción, o como método de pago. Cuatro comerciantes desaparecieron este año, como una comerciante de 29 años, y otro de 40 años. Quienes fueron dados por perdidos desde el 20 de abril. Los nombres de la pareja no fue identificada por razones de seguridad.
Ambos comerciantes salieron de San Félix con dos cilindros de gas doméstico que pretendían vender en Las Maramas, un sector minero del municipio El Callao. Era la segunda vez que Liliana pisaba territorios mineros, y no regresaron.
Otros familiares de personas desaparecidas recibieron mejores noticias este año, como la familia de María Moceta. La mujer y su pareja estuvieron desaparecidos por más de seis meses en las minas del kilómetro 88 del municipio Sifontes.
A finales de noviembre lograron salir de las minas y Moceta informó que no se había comunicado con su familia porque quienes tienen el control del yacimiento no le permitían comunicarse con sus familiares hasta que terminaran el trabajo acordado y violar la ley de los sindicatos sale caro.