SIP instó a las autoridades a indagar agresión contra periodista mexicana y garantizar su seguridad
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el ataque contra la periodista Susana Mendoza Carreño, apuñalada en Puerto Vallarta, Guadalajara, México. La organización instó a las autoridades a indagar el móvil de la agresión y a garantizar su seguridad y la de su familia.
Mendoza Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara y corresponsal del canal 44 de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, fue herida con un cuchillo en el cuello y el tórax luego de salir del programa Todas las Voces Cuentan. La periodista, con más de tres décadas de trayectoria, se encuentra en terapia intensiva en un hospital local.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, llamó a las autoridades «a considerar entre las líneas de acción su trabajo como periodista. Dado el clima de inseguridad para el periodismo en México, cuando son víctimas de ataques violentos no se puede descartar el trabajo que desempeñan ni los temas que abordan en sus coberturas».
La periodista, de 54 años, se desplazaba en su vehículo junto a uno de sus colaboradores el 1 de julio cerca del mediodía cuando una camioneta la impactó en la parte trasera. Al bajarse para revisar los daños, otros dos desconocidos en motocicleta le quitaron las llaves del vehículo, los teléfonos y le acertaron dos puñaladas. La Fiscalía estatal considera que se trata de un asalto y robo.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que «nuevamente nos hallamos ante otra grave agresión que, como los cientos de casos ocurridos en los últimos años contra periodistas, corre el riesgo de quedar en la impunidad».
Canahuati y Jornet reiteraron al gobierno de México su deber de poner fin a la ausencia de justicia que rodea a numerosos asesinatos contra periodistas. Entre esos casos, recordaron el del columnista Víctor Manuel Oropeza Contreras, cuyo asesinato hace 31 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue recordado el pasado 3 de julio.
El caso fue presentado por la SIP en 1997 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que en 1999 hizo recomendaciones al gobierno, las que todavía no fueron cumplidas. Las recomendaciones incluyen determinar la responsabilidad penal de todos los autores del asesinato, investigar posibles arbitrariedades y encubrimiento en la investigación oficial de los hechos y también reparar a los familiares de Víctor Manuel Oropeza por violaciones a los derechos humanos.
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