SUCESOS

TSJ revisa juicio “amañado” a 7 policías que desaparecieron a un hombre en Portuguesa

 

Sucesos.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia inició una averiguación respecto al destino del juicio ordenado contra siete funcionarios de la policía del estado Portuguesa acusados por desaparecer a Carlos Antonio Neira Reinoso.

Los pormenores de esa averiguación están contenidos en la sentencia N° 0565 redactada por la magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet y publicada el pasado 16 de mayo.

Los magistrados ordenaron solicitar al Tribunal 2° de Juicio de Portuguesa, “informe ante esta Sala el estado actual de la causa penal número 2J-889-14, o si ha dictado alguna decisión al respecto, y de ser así, consigne ante esta Sala copia certificada del respectivo pronunciamiento”.

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El expediente sobre el cual la Sala Constitucional solicita información, está relacionado con el procesamiento penal abierto contra siete policías de Portuguesa identificados como Deivis Augusto Ojeda González, Carlos Eduardo Rodríguez Godoy, Danny José Echeverría Pérez, Jhoander Antonio Andrade García, José Gabriel Carmona Berríos, Jogsan Darío Rodríguez Sulbaran y Jean Carlos Gil Cañizales.

Estos funcionarios están presuntamente incursos en los hechos ocurridos el 26 de marzo de 2010, día en que montaron en una patrulla a Carlos Antonio Neira, cuando éste caminaba frente a la Iglesia Luz del Mundo, ubicada en el sector 4, calle 4 de la parte de arriba del barrio Buenos Aires, Guanare estado Portuguesa, dice la sentencia.

Por ese hecho les imputaron el delito de desaparición forzada de personas y quebrantamiento de pactos internacionales. El juicio contra los siete se ha intentado celebrar en tres oportunidades desde el 22 de febrero de 2013, siendo diferido en 19 oportunidades.
El 11 de junio de 2015 se inició por tercera vez dicho juicio sin que hasta la fecha se conozcan los resultados. Bajo ese argumento, la Corte de Apelaciones de Portuguesa ordenó el 18/1/15 dejar en libertad a los siete acusados.

Tal decisión fue apelada mediante un amparo interpuesto por los fiscales Oliver Uribe Pinto y Julene del Valle Godoy Romero, quienes solicitaron mantener la privativa de libertad contra los siete policías. Argumentaron que los delitos imputados a tales funcionarios son considerados de lesa humanidad y no admiten beneficio alguno.

En esa ocasión, 7 de abril de 2017, la Sala Constitucional admitió el recurso de amparo y suspendió la decisión de la Corte de Apelaciones de Portuguesa lo cual significó mantener encarcelados a los siete policías de Portuguesa hasta tanto termine el juicio.

El pasado 16 de mayo, los magistrados de la Sala Constitucional revisaron el expediente y se dieron cuenta que no existe una información actualizada sobre si los policías fueron o no sometidos a juicio.

Es por ello que antes de tomar cualquier decisión en relación a si está o no ajustada a derecho la decisión de la Corte de Apelaciones de Portuguesa de colocar en la calle a los siete uniformados, los magistrados acordaron indagar si ya los uniformados fueron a juicio.
En caso de que el Tribunal 2° de Juicio de Portuguesa no proporcione la información requerida por la Sala Constitucional, se expone a una multa cercana a 2.800 euros, según cálculos derivados de la fórmula descrita en el artículo 122 de la Ley del TSJ.

 

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