Nacional.- La crisis de servicios públicos en Venezuela es profunda y afecta a la mayoría de la población. La cotidianidad del venezolano está marcada por la incertidumbre de la prestación de servicios públicos que no garantizan las condiciones mínimas de una vida digna, donde su verdadera cara es: fallas eléctricas prolongadas y frecuentes, escasez de agua potable, distribución irregular de gas doméstico y un deficiente y costoso transporte público, es el pan nuestro de cada día en casi todas las ciudades del país.
Esta crisis, lejos de ser coyuntural, se ha convertido en estructural, afectando todos los rincones del país y profundizando la emergencia humanitaria.
Estas fallas, exacerbadas por la crisis económica y política del país, impactan negativamente la cotidianidad del venezolano y les limitan el acceso a derechos sociales básicos, vinculados estrechamente con la garantía de los derechos humanos de rango constitucional que son responsabilidad del Estado.
El derecho de la ciudadanía de recibir los servicios adecuados está impreso en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 41/128 del 04/12/1986, donde se establece la obligación de los Estados a promover el acceso a los servicios básicos, que en las resoluciones 64/292 del 28/07/2010 y 18/1 del 28/09/2011 reconocen que el derecho al agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos, y los Estados deben garantizar la suficiente financiación para su suministro.
Entre apagones y promesas incumplidas
En 2024, los apagones en todo el territorio nacional aumentaron un 155,9 % respecto al año anterior, debido a que el 80 % de la capacidad de generación eléctrica está comprometida por falta de mantenimiento y escaso personal calificado, según el reciente informe presentado por la plataforma HumVenezuela, que estudia el impacto de la Emergencia Humanitaria Compleja en el país.
En estados como Mérida, Táchira, Falcón, Miranda, Zulia y Anzoátegui, gran parte de sus comunidades sufren cortes diarios que superan las 6 horas, afectando entre 70 y 90 por ciento de sus poblaciones.
El uso de linternas, plantas eléctricas y velas se ha normalizado en los hogares a la hora de presentarse estos cortes programados a raíz de las deficiencias en el Sistema Eléctrico Nacional.
Apenas en agosto del año pasado se registró un apagón general de más de 10 horas que afectó al menos 20 de los 23 estados del país, además de Caracas; aunque la información oficial no fue muy precisa sobre su alcance, se atribuyó el hecho a un «sabotaje» de la oposición, pero sin aportar pruebas.
Sed en tiempos de crisis
En cuanto al servicio de agua potable el 62 % de los venezolanos reporta inestabilidad en el suministro. En muchas comunidades, el agua llega solo una o dos veces por semana, y en algunos casos, puede tardar semanas.
La infraestructura hídrica está colapsada, con tuberías rotas y estaciones de bombeo sin mantenimiento. El almacenamiento improvisado en recipientes ha generado brotes de enfermedades gastrointestinales y de piel en la población más vulnerable, ya que no pueden costear el suministro de agua por cisterna que se puede obtener, en el caso del estado Zulia, a un dólar la pipa (200 litros de agua).
También hay que agregar a todo este caos, que la salud mental de la población se ve afectada si los servicios básicos no funcionan. Según especialistas médicos, la sensación de autoeficacia y de poder gestionar nuestras vidas y la toma de decisiones se afecta, y las mujeres, en estos casos, son más propensas a sufrir de depresión y ansiedad.
Entre julio 2023 y marzo 2024, el portal de Caleidoscopio Humano, documentó 1088 denuncias vinculadas con la falta de electricidad. Este es, a juicio de los venezolanos, el servicio público más deficiente en el país.
En cuanto al servicio de agua potable, la organización documentó 322 denuncias en el mismo periodo de tiempo.
Cocinar con leña en pleno siglo XXI
En Venezuela el 87,8 % de la población depende del gas doméstico por red domiciliaria o por bombonas, mientras el 10 % de los hogares ha recurrido a cocinar con leña o carbón.
En 2023, aproximadamente el 80 % de la población no tenía acceso a gas directo en sus hogares para cocinar. La dependencia de servicios de gas doméstico se mantiene, pero con desafíos.
A pesar de que en 2023 se registró una ligera mejora del acceso al servicio, pasando al 69,4 %, del cual 36,9 % de los hogares siguió informando sobre fallas severas en el servicio de gas doméstico.
Las colas para obtener bombonas que solían durar horas o días, y muchas veces se pagaban tarifas extraoficiales, al menos en el Zulia, ha mejorado, debido a que la venta se maneja a través de los Consejos Comunales, que son los encargados de facilitar a bajo costo el llenado de los cilindros.
El proceso se inicia con cada familia siendo notificada sobre la fecha de llenado. Se cancela con antelación, se deja entre dos o tres días las bombonas en el centro de acopio, desde allí son retiradas por el distribuidor asignado por el Estado, las unidades son regresadas llenas para que luego cada familia, por sus propios medios, proceda a retirarlas.
Antes las empresas distribuidoras privadas iban a cada hogar para vender directamente el cilindro lleno; ahora el proceso, que fue centralizado por el Estado a través de los consejos comunales, ha alargado el llenado y distribución del servicio de gas, que ahora es mensual, disminuyendo proporcionalmente su uso, ya que debe ser ahorrado para lograr que alcance hasta el nuevo proceso de suministro.
Esta situación de abastecimiento a medias violenta lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, donde la expresión “servicio público” se repite en 13 artículos.
Su definición, garantía y vínculo con los derechos humanos se ubica en el artículo 112, que establece la obligación del Estado de garantizar “servicios que satisfagan las necesidades de la población”, y en el artículo 117, que señala el derecho de las personas a disponer de “servicios de calidad”. Asimismo, el artículo 156, ordinal 9, atribuye al Poder Nacional competencia en materia de servicios públicos domiciliarios, “en especial, electricidad, agua potable y gas”.
Explicaba Emmanuel Rivas en un artículo sobre el tema publicado en Caleidoscopio Humano el 31 de mayo de 2024, que, desde hace más de una década, en Venezuela se vive una profunda crisis de servicios públicos que, junto a la inestabilidad económica y las vulneraciones a los derechos humanos, políticos y civiles, ha mermado la calidad de vida de las personas.
Transporte Público: colapso anunciado
Por otra parte, el 70 % de las unidades de transporte están fuera de servicio en las principales ciudades del país, lo que afecta seriamente la movilidad de la población, y las causas son claras, fallas en el suministro de gasolina y la escasa capacidad adquisitiva para costear el mantenimiento de las unidades.
El 49,4 % de los hogares reporta ausencia total de transporte público en su comunidad, lo que ha modificado toda la movilidad cotidiana de la ciudadanía, debido a que es poco probable trabajar en ciudades aledañas, igual que se dificulta la asistencia a citas médicas o traslado a hospitales, por carecer de una opción oportuna de abordar el escaso transporte que aún se puede conseguir.
Al problema que registra el parque automotor nacional se suma el alto costo de los pasajes, justificado por los choferes como la única manera de mantener en pie sus unidades. Mientras el salario mínimo está en 130 bolívares mensuales, adicionándole los bonos del sistema Patria, que para al menos los pensionados es de 50 dólares; el pasaje más barato está en un dólar en un recorrido de alrededor de 5 kilómetros.
En cuanto a la escasez de gasolina, el punto que agrava la situación de la movilidad pública, y que incluso afecta de igual manera a quienes poseen vehículos propios; a pesar de haber mejorado un poco en lo que respecta al suministro, hay que aclarar que las colas para tanquear gasolina subsidiada se mantienen, ya que el abastecimiento es gratuito y se asigna mensualmente por medio del sistema Patria.
Sin embargo, el combustible no subsidiado se puede conseguir con mayor frecuencia y sin las traumáticas colas, pero su valor es de medio dólar el litro a tasa BCV, es decir, una tanqueada de 60 litros tendría un valor aproximado de 30 dólares, si trasladamos ese costo a el pasaje del transporte público, se justificaría en buena medida el alto costo de esas tarifas.
Severo impacto social y cotidiano
La normalización de la precariedad en los servicios públicos ha debilitado la capacidad de denuncia y exigencia ciudadana, aunque el Gobierno nacional atribuye la crisis a sanciones internacionales y sabotajes, se han anunciado planes de inversión, pero los resultados son escasos y poco transparentes.
No olvidemos que los servicios públicos son las prestaciones que satisfacen necesidades colectivas, generalmente esenciales, dirigidas a la comunidad de forma universal, obligatoria, continua y en condiciones de igualdad; de allí que el suministro de agua potable, la electricidad, el gas, el transporte y las comunicaciones, resultan esenciales para el desarrollo de una vida digna.
Organizaciones como Cedice Libertad proponen alianzas público-privadas y privatización parcial de servicios, con la ayuda del impulso a través de la sociedad civil de soluciones comunitarias como la construcción de pozos hídricos locales y la instalación de paneles solares.
La crisis de servicios públicos en Venezuela no solo refleja el colapso de la infraestructura estatal, sino también el deterioro de la calidad de vida y la esperanza de millones. La recuperación exige voluntad política, inversión sostenida y participación ciudadana. Mientras tanto, los venezolanos siguen resistiendo, adaptándose y buscando alternativas para sobrevivir en medio de esa precariedad.
