Salud.- En los municipios Rojas y Sosa del estado Barinas, el luto por la muerte de algunos de sus habitantes, ya no es una cifra abstracta, sino un expediente que crece de mano en mano. Ante lo que denuncian como una “omisión sistemática” de las autoridades sanitarias, los propios pobladores han decidido asumir una tarea técnica y dolorosa: documentar, acta por acta, las muertes causadas por la fiebre hemorrágica.
El pasado lunes 9 de marzo, la comunidad dio un paso inédito. Hartos de que sus fallecidos sean invisibilizados en las estadísticas nacionales, un grupo de ciudadanos inició una jornada de recolección de certificados de defunción para probar la existencia de una emergencia de salud pública que el Estado venezolano se niega a declarar.
La contabilidad del dolor: 15 casos y en ascenso
Hasta el momento, la iniciativa ciudadana ha logrado documentar 15 fallecimientos con sus respectivos soportes legales. Sin embargo, la proyección es alarmante: según los organizadores de esta auditoría social, la recurrencia de síntomas similares en las zonas rurales permite calcular que, en las próximas horas, podrían recopilarse al menos 40 casos adicionales.
Las evidencias no provienen de rumores, sino de instituciones oficiales. Los activistas están utilizando certificados de defunción emitidos por las autoridades de salud y registros validados a través de la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE), demostrando que la causa de muerte es conocida por la burocracia, pero ignorada por la política pública.
Las voces de la resistencia sanitaria
Figuras como Agualuna Fajardo, Yennys Rodríguez, Omaira Medina y Maritza León han liderado este movimiento. Su objetivo es claro: confrontar a los funcionarios del sector salud con pruebas irrefutables para forzar una intervención integral en Rojas y Sosa.
Para estos nativos de Barinas, la fiebre hemorrágica —históricamente asociada al virus de Guanarito— no es una patología nueva, sino un “fantasma” generacional. Denuncian que el Estado ha manejado históricamente este brote como un secreto de Estado, evitando acciones de control de vectores y protocolos de tratamiento específicos que podrían salvar vidas.
El rechazo a los “paños de agua caliente”
La comunidad ha sido enfática en una advertencia: no aceptarán que la gravedad de la fiebre hemorrágica sea “suavizada” o confundida con otras enfermedades.
“No queremos que se desvirtúe la emergencia con operativos de fachada. Combatir la fiebre amarilla no es lo mismo que atender la fiebre hemorrágica”, señalan los afectados, quienes exigen protocolos de diagnóstico especializado y una dotación real de los centros hospitalarios de la zona.
Mientras el silencio oficial persiste, la población de Rojas y Sosa continúa su censo de defunciones. En los llanos venezolanos, la organización popular se ha convertido en la última línea de defensa contra una enfermedad que mata en la sombra y una gestión que parece preferir el olvido al auxilio.
