POR: DIP. POR: OMAR ÁVILA
Venezuela ha vuelto a ser puesta a prueba con los sismos del 24 de junio, porque además de estremecer edificios, carreteras y hospitales; también afectaron la memoria colectiva de un país que ya venía cargando años de precariedad, incertidumbre económica, desgaste institucional y dolor social. En cuestión de segundos, miles de familias perdieron su casa, su sustento, sus documentos, sus recuerdos o, en el caso más doloroso, a sus seres queridos.
A quienes hoy duermen en refugios, plazas, escuelas, iglesias, casas de vecinos o al lado de lo poco que pudieron rescatar, hay que decirles algo con claridad: no están solos. El país entero tiene una deuda moral y el dolor no puede ser tratado como una noticia pasajera ni como una estadística más; cada familia afectada merece protección, información veraz, atención médica, techo temporal, alimento, agua segura, acompañamiento psicológico y una ruta concreta para reconstruir su vida.
También es justo detenernos a agradecer a los bomberos, rescatistas, médicos, enfermeras, paramédicos, Protección Civil, Cruz Roja, voluntarios, vecinos, transportistas, comunicadores, iglesias, organizaciones humanitarias y equipos internacionales que han trabajado entre escombros, polvo, réplicas y cansancio. En medio de la tragedia, ellos han sostenido una de las pocas certezas que todavía nos quedan: cuando la vida está en riesgo, la solidaridad venezolana aparece.
Desde Unidad Visión Venezuela consideramos que la gratitud debe ser acompañada con responsabilidad pública, para reconstruir los cimientos sociales al mismo tiempo en que se mueven los escombros. La emergencia exige compasión, sí, pero también orden, planificación y transparencia, porque los próximos días serán decisivos. La prioridad inmediata debe ser salvar vidas, atender heridos, ubicar desaparecidos, recuperar cadáveres y proteger a quienes quedaron sin vivienda. Sin embargo, la respuesta no puede limitarse a repartir ayuda de forma improvisada, nuestro país Venezuela necesita una política pública de emergencia con mando estructurado, coordinación técnica y rendición de cuentas.
La primera acción debe ser un censo público y verificable de daños y necesidades, no basta con saber cuántas edificaciones colapsaron; hay que saber quiénes vivían allí, cuántos niños, adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas y pacientes crónicos quedaron afectados para prestarles atención.
La segunda urgencia es ordenar los refugios temporales, una escuela o un gimnasio pueden servir por algunos días, pero no pueden convertirse en hogares funcionales. Cada refugio debe contar con agua potable, baños higiénicos, atención médica básica, seguridad, alimentación, espacios separados para familias vulnerables y mecanismos de prevención de violencia, abuso o extorsión. Los niños necesitan protección especial, continuidad educativa mínima y atención emocional.
La tercera medida es garantizar información confiable: en momentos de miedo, los rumores también hacen daño y generan incertidumbre. El país necesita boletines diarios, técnicos y comprensibles sobre réplicas, zonas de riesgo, vías abiertas, hospitales operativos, centros de acopio, refugios disponibles y protocolos de evacuación. La información pública debe estar al servicio de la gente, no de la propaganda, porque la verdad y la logística salvan vidas y las reconfortan.
La cuarta tarea es proteger la salud: un desastre de esta magnitud no termina cuando cesan los movimientos de tierra, después vienen infecciones, falta de medicamentos, heridas mal tratadas, crisis de ansiedad, interrupción de tratamientos, problemas de agua, saneamiento y alimentación. Por eso deben activarse corredores humanitarios para medicinas, combustible, insumos quirúrgicos, plantas eléctricas, potabilización de agua y transporte sanitario. En estos momentos, los hospitales, ambulatorios y farmacias deben ser parte de una red priorizada de abastecimiento.
La quinta responsabilidad es revisar la seguridad de edificaciones, puentes, escuelas, hospitales y viviendas: nadie debe ser obligado a volver a una estructura insegura; por lo tanto, se deben convocar sin demora a equipos técnicos independientes, ingenieros, arquitectos, universidades y colegios profesionales para que evalúen daños con criterios claros. Este tipo de organización guiará con mejor pulso la reconstrucción.
La sexta medida, quizá la más difícil, es reconstruir con transparencia: cada donación, cada contrato, cada compra pública, cada obra de emergencia y cada vivienda prometida debe poder auditarse. Venezuela no puede permitirse que el dolor de las familias se convierta en negocio, corrupción o clientelismo. La reconstrucción debe ser una política de Estado, no una vitrina partidista.
También debemos entender algo esencial: los desastres naturales no son solo naturales, un sismo es un fenómeno geológico, pero la magnitud de la tragedia depende también de la calidad de las construcciones, la preparación institucional, el mantenimiento de servicios públicos, la capacidad hospitalaria, la planificación urbana y la confianza entre ciudadanos y autoridades para iniciar un verdadero plan nacional para la recuperación ante desastres.
Omar Ávila
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