POR: ALFREDO GONZÁLEZ
Trabajador Petrolero
“Absolute Resolve Operation” (Operación Resolución Absoluta) fue el nombre de la operación militar que llevo a cabo los Estados Unidos (EE. UU.) el sábado 3 de enero de 2026, a las 2:01 a.m.; en un acto de agresión armada contra Venezuela, con el objetivo de “detener” al Presidente Constitucional Nicolás Maduro y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores. Con esta intervención militar en nuestro territorio, se consumen las amenazas del presidente de EE. UU., Donald Trump, iniciadas hace más de tres meses con la presencia de buques de guerra el mar Caribe frente a las costas de Venezuela, con el falso pretexto de que el presidente Nicolás Maduro es líder del “Cartel de los Soles” (banda narcoterrorista), luego que era el jefe del Tren de Aragua (organización catalogada como terrorista transnacional), y finalmente por recuperar la tierra y todo el petróleo que anteriormente les robaron a ese país.
Esa última razón es la que privo en la materialización de la incursión militar que termino con el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, cuyo objetivo real es apropiarse de nuestro principal recurso: el petróleo.
Luego de la violación grave del Derecho Internacional, tras el ataque militar de EE. UU. a nuestro país, el canciller de la República, Yván Gil, denuncio ante la comunidad internacional las acciones viles de EE. UU., las cuales «representan un grave atropello a nuestra soberanía, a la paz y al derecho internacional». Seguidamente, nuestro país ha recibido el apoyo internacional y varios gobiernos del mundo han condenado la agresión del gobierno de EE. UU. a Venezuela.
El presidente de Chile, expresó el rechazo de su país a los bombardeos llevados a cabo por el ejército estadounidense contra varias ciudades venezolanas. “Expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de EE. UU. que se desarrollaron en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, denunció las acciones militares perpetradas por EE. UU. contra Venezuela, y como miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado urgente para convocar una reunión extraordinaria para abordar el tema de la operación militar ilegal de EE. UU. en nuestro país.
El Gobierno de México, junto con el de Brasil, también rechazó enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente por fuerzas armadas de EE. UU. contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
Cuba condenó la intervención militar de EE. UU. por su vil, injusta e inhumana agresión al pueblo de Venezuela. De igual modo la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), a través de un comunicado; repudió la agresión militar perpetrada por EE. UU. contra Venezuela, catalogándola como un acto criminal de guerra, en violación directa del artículo 2 de la Carta de la ONU, que amenaza la paz, la soberanía y la estabilidad de toda América Latina y el Caribe. Asimismo el documento reitera que el objetivo principal de tal acción tiene un objetivo claro el de saquear “los recursos estratégicos de Venezuela, en particular el petróleo y el oro, mediante una política colonial de intervención militar y cambio de régimen”.
Fuera de nuestras latitudes, países como Francia, Italia, España e Irán; también condenaron y repudiaron la agresión militar de EE. UU. a nuestro país, denunciando que esa acción “viola el principio de no uso de la fuerza”; y reiterando el compromiso con la Carta de la ONU, que debe seguir guiando la acción internacional de los Estados, siempre y en todo lugar.
China, el gigante asiático; condenó enérgicamente la agresión de EE. UU. a Venezuela, mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores expreso estar “profundamente conmocionada y condena enérgicamente el flagrante uso de la fuerza por parte de EE. UU. contra un Estado soberano y las acciones contra su Presidente”. “Estos actos hegemónicos de EE. UU. violan gravemente el Derecho Internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”, concluyo el documento.
Por su parte el Gobierno de Rusia condenó los ataques aéreos de las fuerzas militares de EE. UU. contra Venezuela denunciándolo como un acto de “agresión armada” bajo “pretextos insostenibles”. “La hostilidad ideológica ha triunfado sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones de confianza y previsibilidad”, indicó el documento citado por medios internacionales. “En la situación actual, es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida mediante el diálogo” ha añadido el Canciller Sergei Lavrov. “En relación con la información confirmada sobre la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa en EE. UU., hacemos un enérgico llamado al liderazgo estadounidense a reconsiderar esta postura y liberar al presidente legítimamente electo de ese país soberano y a su esposa”, señala el comunicado emitido por la Cancillería rusa.
La incursión militar de EE. UU. contra Venezuela constituye una violación grave del Derecho Internacional por múltiples razones objetivas y claramente normalizadas. Despojándonos de polémicas ideológicas y de afinidades político-partidistas, el secuestro de un presidente constitucionalmente electo y en ejercicio, es una vulneración directa de tres principios centrales del orden jurídico internacional que sostienen el orden internacional desde 1945, consagrado por la ONU.
En primer lugar la captura de un jefe de Estado en ejercicio por otro Estado es, en principio, ilegal y viola el principio de soberanía estatal y de la inmunidad de los jefes de Estado, recogido en el artículo 2, párrafo 1, de la Carta de la ONU.
En segundo lugar, la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, establecida en el artículo 2, párrafo 4. Solo existen dos excepciones: la legítima defensa ante un ataque armado previo o una autorización explícita del Consejo de Seguridad de la ONU. Ninguna de estas condiciones se da en este caso. Venezuela no había atacado, agredido ni provocado militarmente al país que ha ejecutado la acción armada.
Y en tercer lugar, el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, establecido en la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional relativos a las Relaciones de Amistad entre los Estados: “Todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total de la unidad nacional e integridad territorial de cualquier otro Estado o país.”
La orden del presidente de EE. UU., Donal Trump; de incursionar militarmente en Venezuela constituye no solo una clara violación de los principios fundamentales de la Carta de la ONU y de las normas esenciales del Derecho Internacional, sino también una ruptura interna al estado de derecho de EE. UU. con la transgresión de la constitución de ese país, puesto que se inicio una operación militar con el uso de recursos financieros, logísticos y militares sin la previa autorización del congreso de ese país.
El ataque que tropas estadounidenses ejecutaron la madrugada del sábado 3 de enero en Venezuela, y que culminó con la captura y secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, configura jurídicamente una agresión internacional que ha sido rechazada y condenada por la comunidad internacional.
Las primeras declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y del secretario de Estado, Marco Rubio, con actitud presuntuosa e insolente, justificó la agresion militar contra nuestro país y, reviviendo la Doctrina Monroe -América para los americanos-; se jactó de que su país «gobernará» Venezuela hasta que se complete una «transición segura», advirtiendo que están «listos» para llevar a cabo un segundo ataque en Venezuela «mucho mayor» de ser necesario. Por su parte, Hegseth, secretario de Defensa; envió un mensaje directo a los adversarios de Washington. “Como dijo el presidente, nuestros adversarios están bajo aviso. EE. UU. va a actuar en cualquier lugar y en cualquier momento”, advirtió.
EE. UU. ha atacado la soberanía del pueblo venezolano, que se ha mantenido movilizado en rechazo a esta incursion militar y exigiendo el regreso del presidente constitucional Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores. Este ataque contra nuestro país, calificado por la comunidad internacional como vil y criminal, tiene como objetivo central apoderarse de los recursos naturales estratégicos de Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
La política exterior de los EE. UU. ha estado fundamentada y orientada a las cuestiones energéticas, siendo una prioridad garantizar sus fuentes de abastecimiento de hidrocarburos para saciar su voracidad industrial capitalista. Es por ello que han declarado convertir aquellas regiones tenedoras de yacimientos petrolíferos en un coto privado bajo sus intereses y fuera de la influencia de regímenes a los que considera “hostiles”.
Es inobjetable que la política petrolera que implemento el Comandante Supremo Hugo Chávez, y que continuaba el Presidente Nicolás Maduro, como estrategia económica y política para la integración regional; ha estado en contra de los intereses neocoloniales de EE. UU. en su doctrina Monroe, por lo que ha sido evidente el incesante accionar de agresiones y asfixia económica en contra de nuestro país. Donald Trump, presidente de EE. UU.; ha confesado que desarrolló su política hostil hacia Venezuela con la intención de apropiarse de las cuantiosas reservas petrolíferas de nuestro país.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunión de emergencia por la crisis en Venezuela tras el bombardeo de EE. UU., y los miembros expresaron su amplio rechazo a EE.UU por esa agresión militar contra Venezuela. Exigen respeto de la Carta de las Naciones Unidas. China acusó a EE. UU. de priorizar la fuerza militar sobre el multilateralismo y la diplomacia, y de socavar los principios de igualdad soberana y no injerencia; haciendo un exhorto a la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, reafirmando el apoyo a América Latina y el Caribe como zona de paz, llamando al diálogo y la cooperación internacional. El embajador de Rusia ante la ONU condenó a EE. UU. por lo que calificó de agresión armada contra Venezuela en violación del derecho internacional, e instó a Washington a liberar inmediatamente al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.
El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, declaró que la intervención militar de EE. UU. el 3 de enero constituye un «acto de agresión» según la definición de la ONU, subrayando que el secuestro de un jefe de Estado en ejercicio vulnera la inmunidad personal.
La consecuencia de la incursión armada de EE. UU. en la patria de Simón Bolívar, quien advirtió: «Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad«; va más allá de Venezuela. Si se normaliza que una potencia pueda intervenir militarmente, capturar a un jefe de Estado y violar la soberanía de un país sin consecuencias, cualquier país con recursos estratégicos queda expuesto. Hoy es el secuestro del presidente Nicolás Maduro, pero mañana puede ser cualquier otro presidente que lleve un gobierno libre y soberano contrario a los intereses de EE. UU.. Es por ello que la Diplomacia Internacional debe actuar y hacer valer el estamento jurídico internacional que sostienen el orden internacional tipificado por la ONU; exigir el respeto al Derecho Internacional, la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y su esposa, secuestrados; y el cese inmediato de las agresiones de EE. UU. contra Venezuela. De no hacerlo implicaría aceptar un orden mundial ejercido por la fuerza y no por la ley, en flagrante violación de la soberanía y la autodeterminación de los países del mundo.
Trabajador Petrolero
