“El Sauna de los 33”

Dime de qué presumes y te diré de qué careces.

¿Será homofobia de Estado? Veamos entonces.

El flamante fiscal general de la República venezolana, Tarek William Saab, parece estar muy entretenido abriendo sus suspicaces investigaciones: un gato asesinado, un histérico  vial, entre otras, y por supuesto sin dejar pasar el caso que más ha llamado la atención en los últimos días, y que no es precisamente el de los 283 presos políticos, según cifras del Foro Penal, que actualmente claman justicia con su liberación, para que cesen los vejámenes más inusuales (Siendo parca en su descripción para no caer en especulaciones maquiavélicas de las que se hablan en muchos órganos comunicacionales); sino el de 33 ciudadanos venezolanos detenidos en el allanamiento al local Avalon Club ubicado en la avenida Bolívar, al norte de la ciudad de Valencia, donde departían gustosamente, con la libertad que les dan las leyes inclusivas aprobadas a lo largo y ancho del planeta, y donde Venezuela no es la excepción; en el interior de un club privado que disponía de saunas y salas de masajes, un restaurante y una sala de fumadores. Hasta se cobraba entrada y el catálogo de servicios podía consultarse en las redes sociales.

Estos hombres entre 21 y 57 años el pasado 23 de julio disfrutaban de una sala de sauna dentro del establecimiento, gracias a Dios no de un baile con disfraces femeninos como en de los 41 + 1 de México en la época de Porfirio Díaz; cuando fueron sorprendidos y detenidos, vaya usted a saber conqué argumento. Ah sí verdad, si lo hubo; una denuncia al parecer realizada por una supuesta vecina homofóbica, perdón preocupada, que informó de una fiesta irregular que se celebraba muy cerca de su vivienda, en la que se estaban dando encuentros sexuales organizados por integrantes de la comunidad LGTBIQ+. En la denuncia anónima se alegaba que los asistentes mantenían sexo grupal en el espacio y algunos supuestamente tenían VIH.

Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que realizaron el procedimiento en el local sin orden judicial, expusieron al público, luego del allanamiento, las evidencias que tomaron en el lugar y de los celulares de las 33 personas detenidas en el sitio: fotografías, cédulas de identidad y unos cuantos preservativos de los infractores, asegurando que los implicados comenzaron a grabarse con el objetivo de comercializar el material como pornografía. Sin embargo, los abogados de la defensa aclararon que no hay pruebas de ello en las actas policiales. Algunos medios de comunicación calificaron la fiesta como la “orgía con VIH”.

Como si se tratará de la redada policial realizada el 18 de noviembre de 1901, durante el régimen del presidente Porfirio Díaz, en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México, contra un baile clandestino (Debido a la discriminación y la condena pública hacia la diversidad sexual de la época) de hombres homosexuales que se realizaba en la calle La Paz, de los cuales 21 estaban vestidos de hombres y 21 de mujeres (Arrestos con los que la prensa local de ese entonces hizo un festín); los efectivos llevaron el procedimiento del caso de los 33 ciudadanos venezolanos detenidos, entre ellos el dueño del local y dos empleados, ante la comisaría de Los Guayos, y luego hasta el Ministerio Público.

Iván Velera, una de las víctimas, declaró por WTC Radio, que sufrieron constantes abusos policiales y revictimización por parte de la PNB mientras estuvieron encarcelados.

Y así fue como en Venezuela, donde no se había llegado a estos niveles, se muestra la profundización de la criminalización de la homosexualidad, aunque sus autoridades repiten hasta la saciedad que son fieles cumplidores de las leyes y que respeta las libertades, incluyendo la de género. Está claro que en esta actuación judicial se vio el homosexualismo como un delito, toda vez que la jueza Marialba Villareal de la Fiscalía Quinta de Carabobo y la Fiscalía Nacional 28, inculparon a los detenidos por «ultraje al pudor», «agavillamiento» y «contaminación sonora». Sus familiares, acompañados de una serie de activistas y ONG, denunciaron que este caso evidencia la vulneración de los derechos humanos en el país.

Pareciera entonces que la PNB trataba de reeditar con sus propios protagonistas la película “El Baile de los 41, proyectada en el 2020, dirigida por David Pablos y escrita por Monika Revilla, donde los 42​ hombres que participaban en aquel baile, solo fueron arrestados 41, de aquí proviene el nombre. La prensa mexicana de la época convirtió los arrestos en uno de los escándalos más sonados de comienzos del siglo XX, pese a que el gobierno se esforzó en ocultar el asunto, puesto que los detenidos pertenecían a la clase alta de la sociedad porfiriana, incluyendo a Ignacio de la Torre y Mier, yerno del entonces presidente.

Resulta que en el caso del “Sauna de los 33”, los detenidos denuncian con el apoyo del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, que la PNB mostró públicamente sus rostros, documentos y pertenencias; y, de este modo, vulneró su integridad y dignidad; tal como lo afirmó en una entrevista con WTC Radio, Alfredo Rodríguez, otro de los 33, quien además acusa a un periodista local por la difusión de su imagen y tratamiento homofóbico de la noticia.

Según informan los medios digitales, 30 de las 33 personas, menos el dueño y los dos masajistas, fueron liberados tres días después de su detención quedando bajo «régimen de presentación», mientras el fiscal William Saab, insinuó un posible sobreseimiento en el caso.

Tal como ocurriría en 1901, los días posteriores a la redada en el baile gay, la acción policial fue señalada de ilegal y arbitraria violatoria de los derechos humanos y civiles de los agraviados.

Si bien no se argumentó para el allanamiento centenario, que la fiesta no contaba con permiso para la realización de fiestas y reuniones privadas, las disposiciones de la época solo lo requerían para las celebraciones públicas. Asimismo, la homosexualidad en sí no estaba sancionada por las leyes,​ pero en ese caso se usó una muy amplia interpretación del vigente Código Penal de 1871, en el cual se punían delitos contra la moral y las buenas costumbres. En ninguna disposición jurídica vigente se mencionaba como posible pena, sin un proceso o juicio previo, 19 de los 41 acusados fueron trasladados en trenes del ejército hacia Veracruz, a realizar trabajos forzados al puerto de Progreso, Yucatán.

Los vagos, rateros y afeminados que han sido enviados a Yucatán, no han sido consignados a los batallones del Ejército que operan en la campaña contra los indios mayas, sino a las obras públicas en las poblaciones conquistadas al enemigo común de la civilización.

El Popular, 25 de noviembre de 1901

En el caso venezolano, 122 años después, los activistas denunciaron que a los 33 hombres se les sometió al escarnio público y violaron su derecho a la privacidad y al debido proceso. Además, han señalado que los familiares fueron extorsionados por los policías para liberarlos a cambio de dinero, una práctica de corrupción común entre los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. El Observatorio de Violencias LGBTIQ+ ha exigido que se investigue también el origen de la denuncia anónima y se procese a quienes activaron el aparato del Estado por prejuicio y discriminación basada en orientación sexual. Sin embargo, nada ha pasado con la demanda, y muy poco se sabe al respecto.

Ante todo este enjambre de violaciones a los derechos humanos, de qué está hablando el fiscal William Saab cuando propone un sobreseimiento de la causa. Imagino que “dejando hacer, dejando pasar”, como siempre. Dónde está el Defensor del Pueblo. William Saab al menos reivindicando las siete vidas de gatitos asesinados y apresando a conductores iracundos, mientras del defensor nada se sabe. También imagino que está como el famoso comercial de Pepe Ganga, perdiendo y riendo.

El Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, en su más reciente informe, reportó 60 casos de agresiones hacia esta comunidad en el territorio nacional durante el primer cuatrimestre del 2023, pero esto parece importar muy poco, por el contrario se permite avanzar la ola de movimientos conservadores como el de las iglesias evangélicas que han prendido la mecha al enfrentar actividades públicas de la comunidad LGBTIQ +, entre ellas la última multitudinaria marcha del orgullo gay realizada en Caracas, llevando adelante una serie de protestas y movilizaciones que han encontrado asidero en el Régimen, puede que con la intención de ganar aliados que traduzcan un mayor apoyo de cara a las elecciones el año próximo. Es así como sin mayores discusiones, en la defensa de lo que llaman “el diseño original” de la familia, se aprobó que ahora, los grupos religiosos sean consultados sobre cualquier iniciativa legislativa que involucre a la familia, aunque el Estado venezolano sea laico por mandato constitucional.

En este caldo de polarización entre los grupos conservadores y liberales hay un evidente mensaje de rechazo a la llamada “ideología de género”, que estos grupos aseguran que es “contraria a la biología” y han usado para argumentar en contra de las demandas de igualdad de derechos de las mujeres y de las comunidades LGBT; además del repudio a la promoción de ideas contrarias a la moral como la educación sexual.

Por lo pronto el asesino del gatito maracucho ya está tras las rejas, el enfurecido ciudadano que rompió los vidrios al auto de otro ciudadano infiriéndole insultos y amenazas de muerte, también está tras las rejas, los 283 presos políticos siguen en el helicoide, algunos hasta con boletas de excarcelación; mientras tanto las organizaciones protectoras de los derechos humanos en el país mantienen con su perorata de decir, decir y decir, sin que las autoridades venezolanas muevan un dedo para obedecer. Bien dicen por ahí que “darle no es lo mismo que estarle dando”.