Economía.- El 2026 ha iniciado con un giro sísmico en el panorama político y energético de Venezuela. Tras la salida de Nicolás Maduro del poder el pasado 3 de enero y la asunción de Delcy Rodríguez bajo la tutela de reformas impulsadas por Estados Unidos, el país intenta desesperadamente capitalizar su mayor recurso. Sin embargo, tras el entusiasmo de los foros empresariales en Caracas, subyace una realidad técnica devastadora: la industria está intentando correr en una pista llena de obstáculos.

Reinaldo Quintero, experto petrolero. Foto/WEB
El cuello de botella energético
Durante el foro «El negocio de los hidrocarburos», organizado por la Universidad Metropolitana, el optimismo de los ejecutivos se topó con la crisis eléctrica. Reinaldo Quintero, líder del sector empresarial petrolero, fue tajante: para alcanzar la meta de 2 millones de barriles diarios (bpd), la industria necesita 2.000 megavatios adicionales.
Esta cifra representa el 10% de toda la capacidad instalada de generación en el país. El costo de esta expansión es prohibitivo: aproximadamente un millón de dólares por cada megavatio generado. Sin luz, los taladros no giran, y sin una inversión masiva en la red eléctrica nacional, el techo de producción parece inamovible.

Una industria en «modo analógico»
Más allá de los apagones, el sector enfrenta un retraso tecnológico de tres décadas. Sergio Mazzucchelli, representante de la firma Schlumberger, denunció un vacío de información crítico: «Necesitamos modernizar y digitalizar la data de los pozos. No la tenemos desde hace 30 años».
A este apagón informativo se suman otros desafíos logísticos:
Almacenamiento crítico: La capacidad actual solo permite retener crudo entre 15 y 30 días.
Fuga de talentos: Una escasez crónica de personal calificado tras años de migración y desinversión.
Parálisis logística: La falta de licencias para empresas de servicios mantiene detenida la cadena de suministros necesaria para operar en el campo.
El dilema de los 100.000 millones de dólares
Para el economista Francisco Monaldi, del Instituto Baker de la Universidad Rice, el camino hacia la recuperación no es solo técnico, sino financiero y legal. Monaldi estima que se requieren 100.000 millones de dólares para devolver la producción a los niveles de hace veinte años.

Francisco Monaldi, miembro del Instituto Baker de la Universidad Rice. Foto/WEB
Aunque los ingresos han subido desde el cambio de mando en enero, este flujo de caja está bajo el control de una cuenta administrada por Estados Unidos. «Hay una falta de transparencia en torno a este fondo que puede ser profundamente preocupante», advirtió Monaldi, señalando que la incertidumbre sobre el desembolso de estos recursos podría frenar a los inversores más cautelosos.
¿Inversión o Institucionalidad?
La reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos, impulsada por la administración de Rodríguez, ha otorgado facultades discrecionales al Ministro de Hidrocarburos sobre impuestos y contratos. Esta «discrecionalidad» es vista por expertos como un arma de doble filo: puede agilizar procesos, pero también espantar capitales que buscan reglas claras.
Cristina Tovar, presidenta de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, recordó que mientras gigantes como Chevron, Shell, Repsol, Eni y BP ya operan con permisos del Tesoro estadounidense, el grueso de la producción (dos tercios) aún depende de una PDVSA debilitada.

«A las compañías petroleras no les importa la democracia… se centran en el estado de derecho. Y en el caso de Venezuela, no creo que veamos un estado de derecho estable a menos que logremos una transición hacia la democracia», sentenció Monaldi en el podcast Latin America Today.
Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. Los próximos meses determinarán si los nuevos contratos petroleros construirán un sistema transparente y sostenible o si, por el contrario, simplemente darán paso a una nueva clase política enriquecida sobre una infraestructura que sigue cayéndose a pedazos.
El Regional del Zulia
Fuente/Banca y Negocios
Fotos/WEB