Economía.– La recuperación del poder adquisitivo en Venezuela no depende de un decreto, sino de una cirugía profunda a las raíces de la distorsión económica. Así lo ha dejado claro Tiziana Polesel, primera vicepresidenta de Fedecámaras, al señalar a la inflación y la informalidad como los “obstáculos críticos” que mantienen el consumo de los venezolanos en terreno negativo.
En un análisis exhaustivo sobre el panorama laboral actual, Polesel deslindó responsabilidades sobre el estancamiento del salario mínimo. Aunque el sector privado participa activamente en las mesas técnicas suministrando datos sobre el costo de la canasta básica, la representante gremial recordó que la última palabra la tiene el Ejecutivo Nacional.
“La inflación es el impuesto más caro e injusto que paga un ciudadano; es lo que ha dinamitado toda posibilidad de ahorro”, sentenció Polesel, subrayando que cualquier aumento nominal será sal en el agua si no se detiene la pérdida del valor de la moneda.
El torniquete del diferencial cambiario
Uno de los puntos más alarmantes del informe gremial es el impacto del diferencial cambiario en la operatividad privada. Las empresas venezolanas se encuentran hoy en una encrucijada financiera: se ven obligadas a vender sus productos a una tasa oficial, pero al momento de reponer inventarios, los costos reales de mercado son mucho más elevados.
Esta brecha no solo golpea la rentabilidad, sino que actúa como un techo de cristal que limita la capacidad de los empleadores para ofrecer mejores remuneraciones y beneficios socioeconómicos a sus trabajadores.
La trampa de la informalidad y el 61% tributario
Para Fedecámaras, el crecimiento de la economía informal no es un síntoma de emprendimiento, sino de supervivencia ante un sistema asfixiante. Polesel calificó este fenómeno como “dañino” para el fisco y para el bienestar del trabajador, quien queda desprovisto de derechos y seguridad social.
La causa, según la experta, es clara: la presión fiscal.
“Tenemos una de las tasas tributarias más altas del mundo, cercana al 61%”, advirtió. Esta carga no solo impide que los informales den el salto a la legalidad, sino que empuja a empresas establecidas a la “informalización” para evitar el cierre definitivo.
Reformas urgentes: Más allá del teletrabajo
El gremio empresarial sostiene que un salario digno es la consecuencia de una economía reactivada, no su punto de partida. En este sentido, Polesel insistió en la urgencia de modernizar el marco legal. Si bien hay consenso para adaptar la Ley del Trabajo a realidades como el teletrabajo, Fedecámaras urge a mirar hacia sectores “golpeados” y “deprimidos” pero con alto potencial generador de empleo, como la construcción.
Para reactivar este motor, Polesel propuso:
Revisión de leyes de arrendamiento y estafa inmobiliaria: Para atraer inversión extranjera y nacional.
Reforma en registros y notarías: Denunció que la lentitud y los cobros excesivos de aranceles actúan como un «cuello de botella» que frena las operaciones de compraventa.
Abril: El próximo asalto con la OIT
El futuro del diálogo social tiene una fecha marcada en el calendario: abril de 2026. Se espera que para ese mes se concrete una nueva reunión con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El objetivo del empresariado es avanzar en acuerdos que trasciendan la fijación de un monto y se enfoquen en generar las condiciones de confianza y seguridad jurídica necesarias para que el trabajo en Venezuela vuelva a ser, verdaderamente, una vía hacia la prosperidad.
