ECONOMÍA.- El reciente ajuste del ingreso mínimo integral, anunciado el pasado 30 de abril por la presidenta (E) Delcy Rodríguez, no responde a una medida unilateral, sino a un proceso de negociación colectiva. Así lo ratificó Luigi Pisella, integrante de la Comisión para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, durante una entrevista especial concedida este sábado 2 de mayo al portal Laiguana.tv.
Pisella enfatizó que el ajuste es el resultado directo de las sesiones de trabajo desarrolladas en la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales. En este espacio convergieron las visiones de distintos sectores clave de la vida nacional:
Sector Privado: Representado por gremios empresariales.
Fuerza Laboral: Integrada por trabajadores y diversas organizaciones sindicales.
Estado: A través de sus representantes institucionales.
“Este aumento de ingreso fue consensuado en esta mesa laboral… Esto sale de una discusión y de un consenso”, puntualizó Pisella en conversación con la analista Indira Urbaneja.
Sustentabilidad: El eje de la decisión
Uno de los puntos neurálgicos de la entrevista fue la responsabilidad fiscal detrás del incremento. El vocero subrayó que el objetivo primordial es que cualquier egreso asumido por el Estado sea sustentable en el tiempo.
Según Pisella, el avance hacia la estabilización económica del país exige que las decisiones salariales estén estrictamente alineadas con la capacidad real de la economía. Esta estrategia busca evitar la generación de nuevas presiones inflacionarias o desequilibrios financieros que pudieran diluir el poder adquisitivo del ajuste en el mediano plazo.
Con esta declaración, el sector empresarial y la comisión de activos públicos avalan la ruta del diálogo como el mecanismo idóneo para garantizar ajustes que, además de necesarios, sean económicamente responsables.
