POLÍTICA ELECTORAL EN DICTADURA
POR: GOLFREDO DÁVILA
VANGUARDIA POPULAR
La política electoral, en democracia la aprueba cada partido en su seno y no la ventila públicamente, en cambio en dictadura, una parte de ella hay que abordarla de cara al país. Esta gran paradoja obedece a que la sociedad como un todo debe debatir si usa o no esta forma de lucha para liberarse de quienes la mantienen bajo secuestro.
Lo electoral corresponde a la táctica y ella, como hemos repetido, es flexible y se adecúa a cada circunstancia. Hasta el 2015 se concibió la vía electoral como la forma de lucha principal, de hecho, se participó en todos los procesos salvo en las elecciones de 2005 y nunca, como es sabido, el chavismo jugó limpio. A partir del 2016 el régimen suprime el revocatorio y mata el derecho a elegir, lo que obligó a dar un giro, se incrementa la protesta de calle y se decide no caer en las trampas electorales de 2018 y 2020, por ser, además, procesos totalmente secuestrados por el PSUV.
Es un tema espinoso dado que hoy todas las instituciones son ilegales y sectores importantes piensan que participar el 21/11 es convalidar la tiranía, que no se es coherente con el mandato de la consulta popular de diciembre pasado y que si la usurpación pierde, desconoce el resultado de la elección. Cosa que despejaríamos si lográramos entender que la pelea por liberarnos del opresor hay que darla en todos los terrenos y combinando las diversas formas de lucha.
Como hemos reiterado, todo depende de la política electoral que definamos, que, por cierto, no debe estar sujeta a los designios que la dictadura imponga a través de su CNE, la lucha por condiciones debe continuar, pero sería de ilusos pensar que el régimen nos las ponga de bombita con elecciones libres y justas. Legitimaríamos la dictadura si concebimos el proceso como si estuviéramos en un país normal y si reducimos la campaña al simple llamado a votar. En cambio si actuamos con audacia, denunciamos al régimen como único culpable de la catástrofe; aprovechamos esa rendija para reconectarnos con el pueblo y promover su organización y movilización; vamos con candidaturas unitarias y usamos la campaña para acumular fuerzas; advertimos la necesidad de prepararnos para luchas superiores y convertimos las victorias parciales en recuperación de la confianza del pueblo en sí mismo, en elevar su moral y en la defensa de cada espacio conquistado; estaríamos con ello, conectando el plan electoral con el objetivo estratégico de lograr el cambio político.
El mismo dilema existe en relación con la protesta social, hay quienes piensan que si los trabajadores luchan por rescatar el salario, o por pensiones dignas, legitiman al usurpador. La cosa es al revés, lo reconocemos si dejamos de protestar, o que le pidamos permiso a la dictadura cada vez que decidamos salir a la calle. Pero así son las cosas, ni siquiera respecto al COVID-19 hay unanimidad, para algunos es una trampa y se niegan a vacunarse para no convalidar la “dictadura de la OMS”.
Nada ni nadie le quita a la dictadura su status de ilegitimidad, eso sería como negar la pandemia, la Emergencia Humanitaria Compleja y la diáspora, o negar la existencia de presos políticos y los resultados del examen preliminar de la CPI. La arbitrariedad es su condición natural, eso lo sabe el país y la comunidad internacional y un proceso electoral no tiene el poder de legitimarla, además, la gente no se enreda en los leguyerismos que afloran en las redes sociales, hoy desea expresar su rabia a través del voto.
Ahora bien, la dictadura ha estado mostrando sus dientes con miras a fracturarnos y hará una feroz campaña para elevar la abstención, ante lo cual, debemos consolidar la unión, pasar a la ofensiva política y motivar la participación del pueblo. Si estamos de acuerdo hasta acá, el método de escogencia de los candidatos unitarios será cuestión de carpintería.
