POR: DR. ALIRIO FIGUEROA ZAVALA.
Individuo de número de la Academia de Ciencias Jurídicas del Estado Zulia.
Tanto la legalidad como la legitimidad se relacionan directamente en la comprensión del ejercicio del llamado “Poder Estadal”, por las personas que lo ostentan. Desde el punto de vista académico, centrado en la cuestión pública, la legitimidad es ubicada en forma directa con el ámbito político y área filosófica; mientras que, la legalidad la ubicamos en el ámbito jurídico y área del Derecho.
Claro está, que estas áreas y ámbitos están vinculadas estrechamente como lo expresa acertadamente Norberto Bobbio (Pág. 30. 1984): “Cuando el Estado moderno asumió el carácter de Estado de derecho la legitimidad del poder ejercido por el Estado, se fundamentó en su sometimiento a la legalidad en dos aspectos: Quienes ejercen el poder estadal deben estar autorizado para ello por el ordenamiento jurídico, se trata de la legitimidad del origen del poder, pero además dicho poder debe ser ejercido conforme a lo establecido en la ley, se exige así que el poder no sea utilizado de manera arbitraria, se trata de la legalidad en el ejercicio del poder”.
De manera que para este autor, la legitimidad se refiere al título del poder, mientras que la legalidad trata lo concerniente a su ejercicio. Cuando se exige que el poder sea legitimo se pide que quien lo detenta tenga el derecho de tenerlo (que no sea un usurpador); y cuando se hace referencia a la legalidad del poder, se solicita que quien lo detenta lo ejerza de conformidad con reglas establecidas, valga decir, que no lo haga de manera tiránica.
Desde el punto de vista del pueblo, la legitimidad es lo que fundamenta su derecho, y la legalidad es lo que establece su deber. Pero desde el punto de vista del ciudadano, no considerado en forma colectiva, sino en forma individual, la legitimidad es el fundamento de su deber de obedecer; y la legalidad es la garantía de su derecho de no ser oprimido. Para el sociólogo Alemán Max Weber (1.966) existe legitimidad cuando el pueblo cree que las instituciones y los funcionarios gubernamentales no tienen solo el poder sino también el derecho de mandar; los lideres no solo pueden gobernar sino que también deben gobernar. No es fácil dar una solución al problema de la determinación del grado en que el pueblo considere legítimo a un régimen.
En este orden de ideas, en nuestro país, la brecha entre legalidad y legitimidad, a mi modesto parecer, es cada vez mayor ya que nuestras leyes son cada vez más violatorias de la constitución y de la legitimidad, sin mecanismos expeditos para anularlas. Ese deterioro acumulado podemos percibirlo en medios de comunicaciones parcializadas, informaciones manipuladas, fotos trucadas, impunidad delictiva, corrupción desmedida, funcionarios no calificados, redes sociales colapsadas en una guerra sin cuartel, con un gran número de personas pretendiendo imponer lo que ellos consideran su verdad, en una sociedad en la que aparecen dos grupos: El oficialismo y la oposición.
Lamentablemente en la vida cotidiana la legalidad y la legitimidad, son términos que con frecuencia suelen ser confundidos. No tenemos dudas, que el problema de la legitimidad en estos momentos está en el centro de la coyuntura crítica que vive el país.
—
Dr. Alirio Figueroa Zavala | Abogado
–