viernes, abril 26, 2024
OPINIÓN

UN PROGRAMA PARA EL CAMBIO (PARTE I)

 

POR: ING. GOLFREDO DÁVILA, DE VANGUARDIA POPULAR

En esta entrega nos ahorramos el diagnóstico, pues los venezolanos sufren en carne propia la catástrofe por la que atraviesa el país en todos sus órdenes. Nos limitamos a presentar ciertos criterios y requerimientos para lograr el cambio político y algunas propuestas programáticas, que sirvan para ponerle freno a la destrucción, que den respuesta a la emergencia y le abran paso a un proceso de reconstrucción nacional.

Hay una coincidencia generalizada, que el problema principal es político, por lo tanto la solución que amerita el país es política y está en manos de la sociedad democrática. Por fortuna se están dando señales positivas, nos preparamos para seleccionar un candidato unitario; si a esta tarea crucial se suma un programa alternativo y viable, que saque al país del foso, donde fue llevado, tendríamos parte del terreno abonado para el cambio de rumbo. Quedaría un asunto pendiente, y es atender con urgencia las consecuencias de los errores cometidos por los actores políticos y su acentuada desconexión con el pueblo.

Se requiere una dirección política que de verdad encarne los intereses de la gente y la acompañe día a día en la protesta por sus derechos arrebatados. En medio de ello, hay que entusiasmar, recuperar la confianza perdida y despertar la esperanza, así como reconocer, respetar y enaltecer el protagonismo de las comunidades, de los trabajadores, los gremios, los sindicatos y de los pensionados y jubilados. ¡Ojo! Líder que muestre desdén por los reclamos de los ciudadanos, queda marcado como un potencial opresor del mañana; y aquellos que teatralizan una empatía artificial con los que luchan, se ponen en evidencia como farsantes.

Ahora bien, el país va a una transición, dada las complejidades que implica salir del lastre de la dictadura y dar paso a la construcción de la democracia. Habrá muchos obstáculos, pero unidos podemos exterminar el Estado forajido y mafioso, y derrumbar los principales pilares que sostienen al régimen hegemónico, como el saqueo, la inmoralidad, la corrupción, la mentira y el crimen; y sustituirlo por un modelo orientado por la ética, el respeto, el orden y la transparencia en el manejo de la cosa pública.

Para concretar esa política es necesario constituir un GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL que convoque la voluntad, el compromiso y la participación de todos, en recuperar el hilo constitucional; que siente las bases para el federalismo y la recuperación de la soberanía nacional y popular; y que instrumente un plan de reconstrucción nacional cimentado en el desarrollo social, económico y humano. Asumiendo de antemano, que el peso de la tragedia no puede seguir recayendo sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo.

La antítesis de la dictadura es la democracia, por ello esbozamos en esta parte aspectos del Vivir democrático. No es ilusorio superar las viejas formalidades que la restringían a la separación de poderes, al derecho al voto y a elegir libremente; es factible una sociedad edificada en la cultura de la participación; de la convivencia centrada en el respeto por nosotros mismos y por los demás, en el reconocimiento del otro en su legitimidad y su dignidad, en un hacer responsable y ético y en la colaboración. Los planes comunes de convivencia no son cosa del poder, los construyen los ciudadanos en el conversar, en buscar el consenso y el acuerdo y en darse espacio para la alegría y el bien-estar.

Entrar al siglo XXI significa execrar la cultura autoritaria heredada del caudillismo y el militarismo, que se expresa en el sometimiento, la obediencia, la sumisión, el abuso de poder y cuando le conferimos poder absoluto a un destructor. El antídoto no es otro que un proceso profundo de democratización y organización autónoma de la sociedad; donde se enaltezca la confraternidad, el espíritu crítico, la innovación, la creatividad y el crecimiento individual y colectivo; y donde se rescate el valor del trabajo y la educación. Esto va apareado a la sustitución del Estado forajido, represivo y centralista, por un Estado promotor, democrático, descentralizado y respetuoso de los Derechos Humanos; que promueva la más amplia participación ciudadana en la toma y ejecución de decisiones y que cuente con servidores públicos, que rindan cuentas y entiendan que están allí por mandato de la gente que les delegó una determinada responsabilidad.

 

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